No más violencia contra los niños y niñas Rohingya

Miles de niños y niñas Rohingya que vivían en Myanmar han sido asesinados, han sufrido violaciones, han visto como quemaban sus casas y como mataban a sus padres.

Los responsables de estos crímenes atroces están en libertad. Esto tiene que cambiar.

El pueblo Rohingya lleva décadas sufriendo la discriminación y violencia extrema en Myanmar. En agosto de 2017, las fuerzas militares de Myanmar intensificaron tanto sus ataques, que han llegado a ser descritos como una limpieza étnica, crimen contra la humanidad, o incluso como un posible genocidio.

Toda esta violencia ha provocado que casi 700.000 Rohingyas, de los cuales la mitad son niños, tengan que huir a Bangladesh, donde viven en condiciones inhumanas en campos de refugiados como el de Cox Bazar.

Casi un año después, sólo 7 soldados han sido llevados ante la justicia por los crímenes cometidos en Myanmar el 25 de agosto o con posterioridad. Además, las acciones tanto del gobierno como del ejército muestran la falta de compromiso por parte de las autoridades de Myanmar de acabar con la violencia e impunidad de los responsables.

Ante este escenario de destrucción masiva y violación de derechos humanos, la comunidad internacional debe garantizar que no se cometan más ataques contra la población Rohingya y que los responsables de estas atrocidades sean llevados ante la justicia.

España tiene la capacidad e influencia en la escena internacional y en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para poder acabar con este horror, llevando a los responsables ante la Corte Penal Internacional.

Poner fin a la violencia es el primer paso para devolver su futuro a cientos de miles de niños y niñas Rohingyas, que está perdido si esta situación perdura.

Esta es la petición que vas a firmar:

Sr. D. Josep Borrell Fontelles

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 

Estimado Sr. Borrell:

La crisis en el Estado de Rakhine, Myanmar, está teniendo un efecto devastador para el pueblo Rohingya. Los ataques indiscriminados del ejército de Myanmar han agraviado y matado a miles de niños y niñas.

Niños y niñas han sido quemados vivos en sus propios hogares, y niñas de tan solo 5 años de edad han sido víctimas de una violencia sexual horrible y brutal. Estos crímenes en masa tan atroces cometidos contra el pueblo Rohingya constituyen violaciones graves contra la infancia en conflicto armado.

A pesar de que el gobierno de Myanmar ha declarado que investigará estos presuntos crímenes y procesará a los responsables, las acciones llevadas a cabo hasta la fecha tanto por el gobierno como por el ejército generan la sospecha de que, en realidad, no existe un compromiso para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Recientemente, Myanmar ha anunciado el establecimiento de una Comisión de Investigación. Sin embargo, dada la cultura de impunidad que continúa en el país, es sencillamente impensable que esta Comisión cumpla con los criterios mínimos de credibilidad o imparcialidad.

Lo que ha ocurrido en el Estado de Rakhine es una de las peores atrocidades del siglo XXI. Crímenes tan graves requieren medidas excepcionales. Actualmente, la Corte Penal Internacional es la única esperanza de que se haga justicia para las víctimas.

Celebramos las acciones que el Gobierno ha tomado para el reconocimiento de esta crisis humanitaria y de derechos humanos, tanto en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como de la Unión Europea. Sin embargo, todavía puede y debe hacer más.

El Gobierno de España debe promover que se lleve a los responsables de estas atrocidades ante la justicia a través de la Corte Penal Internacional, para acabar con la violencia indiscriminada hacia el pueblo Rohingya. Por todo ello le pedimos:

  • Anime a los Estados miembros del Consejo de Seguridad a adoptar una resolución en la que se incluya la remisión de la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional, para que las presuntas atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar y por el resto de partes involucradas puedan ser investigadas.
  • En el marco del 39º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, apoye la creación de un mecanismo de rendición de cuentas internacional, independiente e imparcial, basado en el trabajo ya elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés), que recolecte y preserve evidencias de los ataques y violaciones de derechos humanos en Myanmar.
  • Exija al gobierno y ejército de Myanmar el acceso ilimitado para los observadores internacionales, incluyendo la Relatora Especial, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la FFM.
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