cañada real niños

¡POLÍTICOS, DEVOLVED la luz a los niños y niñas de la cañada real!

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Dos años sin suministro eléctrico

Se cumplen dos años desde el corte del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana, que afecta a cerca de 1000 niños y niñas.Esta situación vulnera los derechos fundamentales de la infancia.

A pesar de la gravedad de la situación, las administraciones públicas no han ofrecido una respuesta efectiva a esta crisis. La mayoría de familias no cuentan con los recursos necesarios para afrontar la bajada de las temperaturas que se irá produciendo a lo largo del otoño. 

La organización urge a la Comisión Interministerial de la Cañada a que se coordinen todas las partes implicadas para restablecer el suministro eléctrico en aquellas viviendas de familias vulnerables que permanecen sin luz y calefacción, atendiendo de forma prioritaria las necesidades de los niños y las niñas. 

La situación es tan grave que podríamos estar a punto de presenciar un desastre humanitario.

#LUZPARALACAÑADA

Esta es la petición que vas a firmar:

Comisión interministerial de la Cañada, exigimos una actuación urgente para evitar la potencial tragedia, así como medidas a largo plazo para evitar que se repitan situaciones como la actual: 

  • Restablecer el suministro energético de forma inmediata. En este sentido, instamos al Gobierno de España, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a que se coordinen para que la Unidad Militar de Emergencia (UME) intervenga urgentemente en la Cañada Real con el objetivo de facilitar los dispositivos necesarios para dotar de suministro eléctrico a las familias en emergencia social.  
  • Redoblar los esfuerzos para desbloquear el retraso de Naturgy, la empresa privada concesionaria del suministro eléctrico de la Cañada Real, en restablecer la distribución de energía en condiciones justas para todas las familias vulnerables. La Comunidad de Madrid ha de intervenir para que así sea. 
  • Establecimiento de fórmulas más flexibles de acceso al bono social (vinculándolo a la percepción de ciertas prestaciones o a circunstancias de vulnerabilidad acreditadas en los servicios sociales), así como la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables.