alas de
papel
Sady se quedaba en casa cuando el resto de su clase de primaria en Jaca (Huesca) viajaba de excursión a Francia. Era hija de una mujer paraguaya y sin papeles que logró su permiso temporal de residencia tras cuidar durante años a una anciana con alzhéimer. El pánico a una deportación que las separase marcó el tono de aquellos primeros años en nuestro país. “En ese momento no lo entendía, ahora sí”, recuerda la madre, “entonces me echaba la culpa a mí”. “Me venían sus amigos y me decían que Sady tenía que ir a la excursión y pensaban que yo no la dejaba. Un día les dije que Sady no tenía en orden los papeles y un crío me respondió que fuera a la librería y los arreglase y así ella podría ir con ellos’. No lo entendían, claro, ¿qué van a entender?”.
Junto a Porcausa lanzamos en 2021 el informe Infancia sin papeles, donde intentamos estimar por primera vez cuántos niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de irregularidad administrativa en España.
En ese momento, nuestra preocupación era que la reciente crisis de la Covid 19 causaría la caída a la irregularidad de miles de familias de origen extranjero que perderían sus trabajos y cuyas vidas pendían de unos papeles, arrastrando con ellos a sus hijos e hijas. Y es que la situación administrativa de la infancia de origen migrante en España depende del permiso de residencia que tienen sus progenitores, si es que lo tienen. Aunque también se dan casos de niños y niñas que han llegado con un visado y se han quedado luego a vivir en España más allá del tiempo concedido, cayendo en situación de irregularidad.
En dicho informe calculamos que había 147.000 personas menores de edad viviendo en nuestro país sin sus papeles en regla. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco niños y niñas de origen migrante vivía en situación irregular, siendo la mitad menores de 10 años y el 40% menores de 5. Particularmente alarmante era que la tasa de irregularidad de este grupo de edad doblaba prácticamente la tasa media para todas las edades.
Tras la adopción de las últimas reformas del Reglamento de Extranjería (sin contar la que acaba de entrar en vigor el pasado 20 de mayo), que han buscado proporcionar caminos hacia la regularidad a través de nuevas figuras de arraigo y flexibilizar los permisos de residencia para la reunificación familiar, se ha notado una notable reducción de la tasa de irregularidad en el caso de los adultos, mientras que el número de niños y niñas en situación de irregularidad se ha reducido mucho menos.
Las niñas y niños en situación de irregularidad no salen beneficiados con la última reforma del reglamento de extranjería".
Esto nos demuestra una vez más que, si no adoptamos medidas específicas para la infancia, los beneficios solo llegarán en el corto plazo a sus progenitores, haciendo que la infancia quede una vez más por detrás.
El tiempo medio que una persona tiene que esperar en situación irregular en España antes de conseguir salir de ella roza los tres años, según el Defensor del Pueblo. Si a ello le añadimos, que –como ha recalcado recientemente en su último informe sobre Niños - “entre la regularización de los adultos y las de los menores que se hallen a su cargo se irán acumulando tiempos dilatados, que son particularmente perjudiciales para estos últimos”.
Actualmente, una vez que sus progenitores han adquirido la residencia a través de la figura del arraigo, los niños y las niñas a su cargo deberán esperar hasta que sus padres y madres cumplan los requisitos de medios económicos y vivienda exigidos para ejercer su derecho a la reagrupación familiar, que está vinculada a la capacidad económica de los progenitores, perspectiva de su mantenimiento, así como contar con una vivienda adecuada.
Estamos hablando de familias en las que los adultos están en situación irregular y sus hijos e hijas siguen viviendo sin papeles.
¿Es que solamente los adultos tienen derechos? ¿Dónde queda el derecho a la vida familiar de la infancia? ¿Y los derechos al desarrollo, la protección, la no discriminación, la salud, la educación?"
Para un niño o una niña como Sady vivir sin papeles significa no poder disfrutar libremente y en igualdad de oportunidades que sus amigos y amigas. Las actividades que forman parte de la cotidianidad de los demás se llenan de obstáculos para estos niños y niñas, de preocupaciones, inseguridad y, en el peor de los casos, temor.
Esto es así en situaciones tan normales como acudir al colegio y obtener becas o diplomas, ir al centro de salud, apuntarse a equipos deportivos, realizar actividades de ocio, viajar y participar en excursiones, como es el caso de esta niña. El día a día no está exento de dudas e inseguridades, poniendo límites a su desarrollo y su libre disfrute de la infancia. Su condición les expone mayormente al riesgo de explotación y trata de seres humanos.
La rutina más cotidiana de decenas de miles de familias en nuestro país está empapada del temor a llamar la atención, a ser identificadas, a despertar cualquier sospecha que atraiga la atención de las autoridades y destruya de un plumazo el esfuerzo y las esperanzas acumuladas durante años.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, este miedo inexpresable se traduce en consecuencias personales y profesionales con las que cargarán de por vida. No darles papeles significa limitar sus oportunidades, implica cortar sus alas.
Escuchar y acompañar a la infancia sin papeles
Desde Save the Children pedimos que los partidos políticos apoyen la salida de la irregularidad de todos los niños, las niñas y la de los progenitores de los que actualmente depende su situación.
Por eso, volvemos a reclamar que se introduzca una referencia explícita a la regularidad de todos los niños y las niñas en España para que no dependan de la situación de sus progenitores y para eliminar cualquier obstáculo al ejercicio de sus derechos o fuente de discriminación