el problema de la vivienda
se decide ahora en las autonomías
Las comunidades autónomas tienen la llave para incorporar la infancia al nuevo Plan Estatal de Vivienda
El Gobierno y las comunidades autónomas acaban de aprobar el reparto territorial de los 7.000 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Comienza ahora una fase decisiva para la negociación y desarrollo de los convenios autonómicos que definirán cómo se aplican realmente muchas de las medidas del plan.
Este proceso será clave para incorporar una verdadera perspectiva de infancia en las políticas de vivienda y garantizar que las familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad no se queden fuera de las medidas.
PROBLEMA DE LA VIVIENDA: también es política de infancia
La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. El precio de los alquileres, las dificultades para acceder a una hipoteca o la imposibilidad de independizarse para cada vez más jóvenes han colocado el problema en el centro del debate público y político. Pero la pregunta que sigue muy ausente en esta conversación es cómo afecta esta crisis a los niños, niñas y adolescentes, que aún están creciendo y atravesando etapas decisivas en su desarrollo.
Desde Save the Children y UNICEF llevamos meses reclamando que la vivienda se aborde desde otra perspectiva. "La crisis de vivienda es una crisis de infancia”, explica la responsable de políticas de infancia en Save the Children, Carmela del Moral. “Crecer sin una vivienda adecuada, la inestabilidad, vivir hacinados o ver cómo tu familia destina casi todo su dinero a pagar una casa afecta directamente al bienestar, la educación y la salud mental de los niños y niñas”, advierte.
En España, el 28,4% de la infancia ya vive en pobreza monetaria. Al considerar el coste de la vivienda, esta cifra se acerca al 40%. Si se descuenta el gasto en vivienda de los ingresos familiares, cerca de 780.000 niños, niñas y adolescentes más quedarían en situación de pobreza, según datos de UNICEF. Además, el 72% de los hogares pobres en alquiler tienen hijos o hijas, cifra que enmarca aún más esta problemática como una cuestión vinculada a las familias con niños y niñas.
Qué cambia y qué falta en el nuevo Plan Estatal de Vivienda
El texto aprobado marcará en buena medida las políticas públicas de vivienda en los próximos años. A pesar de que el plan incorpora algunos avances importantes desde la perspectiva de infancia, sigue dejando fuera medidas clave para proteger a las familias con hijos e hijas a cargo, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad.
En el lado positivo, el esquema planteado por el Gobierno refuerza la protección de manera más explícita de las familias monomarentales, monoparentales o vulnerables con menores a cargo, incluyéndoles como destinatarios generales de las actuaciones del plan. También les menciona específicamente dentro de algunas líneas de ayuda vinculadas a situaciones de especial vulnerabilidad residencial e incorpora umbrales de ingresos diferenciados para ellas.
Además, establece que las comunidades autónomas deberán facilitar soluciones habitacionales adecuadas en cuanto a tamaño, accesibilidad, servicios y localización. Por otro lado, abre la puerta a la compatibilidad excepcional de determinadas ayudas al alquiler para la emancipación de los y las jóvenes cuando existan situaciones familiares o sociales de especial vulnerabilidad.
Pese a estos avances, la propuesta sigue siendo insuficiente y fragmentada, ya que la infancia no aparece como una prioridad transversal en el conjunto del plan. “No se incorpora una cláusula general de prioridad transversal de infancia en el diseño, ejecución y evaluación del plan, no hay una referencia expresa a la Garantía Infantil Europea, ni se introduce una reserva mínima de vivienda protegida y ayudas al alquiler para hogares con menores en vulnerabilidad”, explica Carmela del Moral.
Tampoco incorpora indicadores concretos que permitan evaluar su impacto en la infancia ni mecanismos específicos de participación de organizaciones expertas en la materia en su seguimiento y evaluación.
El papel clave de las comunidades autónomas
La buena noticia es que buena parte de las medidas que no han sido incorporadas al real decreto puede integrarse en los convenios autonómicos sin necesidad de modificar la norma estatal. Las CCAA tienen margen para:
- Dar a estas familias acceso preferente a vivienda asequible y reservarles un 30% en vivienda asequible y protegida.
- Diseñar las ayudas adaptadas a los umbrales de ingresos, con criterios económicos adecuados en función del número de hijos e hijas y a lo que cuesta realmente la crianza y el impacto de la vivienda en la economía familiar.
- Prestar especial atención a hogares que ya parten de situaciones más difíciles, como familias monoparentales, acogedoras o jóvenes que han salido del sistema de protección.
- Incorporar indicadores para medir específicamente cómo afecta esta crisis a niños y niñas, y evaluar el impacto de todas las medidas en su calidad de vida durante la vigencia del plan.
En paralelo a la alarma social y a la conversación sobre precios, alquileres o mercado; la crisis de vivienda está marcando a varias generaciones que se ven condicionadas por ella, especialmente la de quienes, como los niños y las niñas, aún están creciendo.