Andalucía espera la aplicación autonómica de la ley que acabará con la violencia en la infancia
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) ha cumplido un año desde su aprobación en el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2021. Por eso, Save the Children invitó a la ciudadanía y a los miembros del Congreso a una fiesta de cumpleaños convocada frente a la Cámara Baja.
Además, la ONG pidió a los grupos parlamentarios que registrasen una Proposición No de Ley (PNL) para declarar el Día del Buen Trato hacia la Infancia y para reclamar la implementación urgente de todas las medidas de la ley, especialmente la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia.
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), considerada histórica por las organizaciones de infancia que llevan años impulsándola, aglutinó un gran consenso entre los grupos parlamentarios a lo largo de su tramitación.
Esta ley ha sido un avance fundamental para proteger a los niños y niñas frente a la violencia, pero debe servir también para cambiar la percepción social de este gran problema, que es estructural y a menudo infravalorado.
RESULTADOS Y LO QUE QUEDA POR HACER
Save the Children celebra la puesta en marcha de medidas muy importantes contenidas en la ley, como la creación de la Conferencia Sectorial, el máximo órgano de coordinación de las comunidades autónomas y el Gobierno central, el Consejo de Participación Infantil o el plan de lucha contra la explotación sexual en los centros de protección.
También se contemplan formaciones a profesionales que trabajan con niños y niñas, así como la incorporación de la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos para el curso 2022-2023.
Sin embargo, la ONG pide que se apliquen las medidas acordadas en la LOPIVI en todos los niveles administrativos: estatal, autonómico y local, algo que es imprescindible para hacerla efectiva. Asimismo, debe ponerse en marcha cuanto antes la especialización de la justicia en violencia contra la infancia, incluidos juzgados y tribunales, fiscalía y equipos técnicos, para ofrecer la atención que las víctimas merecen, una vez que ya se ha llegado tarde y han sufrido la violencia.
No todas las medidas incorporadas en la LOPIVI necesitan de un desarrollo específico, por lo que algunas fueron aplicadas de manera directa el día de su entrada en vigor. Así, cuestiones como la prescripción de los delitos hasta que la víctima tenga 30 años, la inclusión de nuevos tipos delictivos (como la incitación a conductas dañina), etc., ya se han estado aplicando desde hace un año.
Es una ley que supone un cambio de paradigma al pasar a un abordaje integral que actúa ante todo tipo de violencia en todas las fases.”
Se trata de una ley que supone un cambio de paradigma al pasar a un abordaje integral que actúa ante todo tipo de violencia en todas las fases, así como está formulada con un claro enfoque preventivo y pedagógico, aspectos fundamentales para cambiar la percepción social de este gran e infravalorado problema estructural.
En lo referido a los puntos mejorables, las organizaciones de infancia consideran que hubiera sido más ambicioso que la prueba preconstituida se contemplara para menores de 16 años, aunque al final ha quedado recogida para menores 14, así como que entre los 16 y los 18 años se tuviera en cuenta el interés superior del menor para valorar su pertinencia.
¿EL PRÓXIMO PASO? GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEY A NIVEL AUTONÓMICO
Estamos ante un hecho que marcará un antes y un después, pero no podemos quedarnos aquí. Hay que seguir trabajando para conseguir una aplicación efectiva de la ley.”
En todo caso, estamos ante un hecho que marcará un antes y un después, pero no podemos quedarnos aquí. Hay que seguir trabajando para conseguir una aplicación efectiva de la ley, lo que va a requerir el desarrollo autonómico de la misma, la aprobación de una Estrategia Integral que coordine las actuaciones de las distintas Administraciones , así como de la necesidad de contar con una partida presupuestaria adecuada. La protección de la infancia y la adolescencia ha de ser una incuestionable prioridad.
UNA OPORTUNIDAD PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN
Tras la aprobación el año pasado de la Ley de Infancia y Adolescencia andaluza, se debe desarrollar la Estrategia Autonómica de Erradicación de la Violencia contra la Infancia que contemple medidas orientadas a la sensibilización, prevención, detección y atención de todos los tipos de violencia contra la infancia.
Prevención
Poniendo en marcha los mecanismos específicos previstos en la LOPIVI para prevenir y proteger a la infancia contra la violencia en Andalucía, introduciendo las figuras de coordinadores de bienestar en los centros educativos y los delegados de protección en entornos deportivos, que serán figuras encargadas de coordinar planes de prevención y detección de casos de violencia en sus entornos (programas de prevención, formación de profesorado, mecanismos de comunicación, protocolos de actuación y detección, ...).
Asegurando la formación obligatoria sobre violencia contra la infancia de los y las profesionales con responsabilidades en atención a la infancia, de manera que puedan detectar de manera temprana casos de violencia y poner en marcha los mecanismos de atención y protección correspondientes.
Detección
Elaborando e implementando protocolos para la detección precoz con el objetivo de crear entornos seguros para la infancia, para que los niños y las niñas se desarrollen en condiciones de buen trato y libres de cualquier forma de violencia en todos los ámbitos en que se desenvuelvan (familia, escuela, espacios deportivos, de ocio o sociedad en general).
Atención
Apostando por la implementación del modelo de atención a infancia víctima de violencia sexual Barnahus o “Casa de los Niños”. Se trata de un sistema más eficaz y menos traumático dónde se coordinan en un mismo espacio todos los servicios implicados en un caso de abuso sexual infantil (salud, justicia, policía, servicios de protección a la infancia). Al estar todos bajo el mismo techo se agiliza el proceso judicial, se evita que el niño o niña tenga que acudir a múltiples instituciones y se reduce la victimización secundaria que suele sufrir el niño/a víctima de abuso.
El niño o niña víctima de abuso sexual contaría con un equipo multidisciplinar especializado que atendería su caso en un entorno amigable para la infancia y respetuoso con sus necesidades.
Adecuando las dependencias judiciales para la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia (prevista en la LOPIVI) en coordinación con el Gobierno Central e integrando del modelo Barnahus.