La criminalización de menores migrantes solos frena su integración en la sociedad andaluza

Los adolescentes migrantes que no tienen referentes familiares en España sufren a menudo una criminalización sistemática. Urge diseñar una estrategia para su protección e inclusión a nivel estatal, autonómico y local.

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Los procesos migratorios han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos son los factores que provocan que las personas cada año se desplacen dentro y fuera de sus fronteras. La mayoría migran de manera voluntaria y planificada, buscando oportunidades para una vida digna, mientras que otras lo hacen forzosamente, huyendo de situaciones de violencia, las crisis humanitarias y los conflictos armados o el terrorismo.

Las políticas migratorias actuales limitan sus esfuerzos en cerrar las fronteras y controlar los flujos migratorios. En Save the Children creemos que es necesario, y posible, gestionar las migraciones de manera responsable y sostenible, con un enfoque integral, que garantice el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones y que aproveche las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino. Para ello es necesario contar con un adecuado sistema de visados que permita la planificación de las entradas al territorio, con
planes de integración social y laboral que permitan aprovechar las sinergias con los recursos existentes asegurando su eficiencia y el acceso indiscriminado a los servicios para la población migrante, con sistemas de protección para los perfiles en situación más vulnerable que permitan su recuperación y estimulen su resiliencia.

Además, todas las políticas públicas tienen un impacto en la situación de la infancia, y sin embargo, la actual normativa no responde a las necesidades específicas de la infancia migrante y refugiada. Nos empeñamos en no ver a niños, niñas y adolescentes como tales, y solo ver su condición de extranjeros. Por ello proponemos aplicar un enfoque de infancia a la gestión de las migraciones.
No es fácil para un niño o una niña dejar su hogar. El camino, por las distintas rutas por las que viajan hasta España, y la situación que se vive en sus países de origen son de extremo peligro.

La actual normativa no responde a las necesidades específicas de la infancia migrante y refugiada.”

Los niños migran por varios motivos, entre los que están principalmente la violencia y la pobreza, buscando un lugar donde poder construir un futuro. Sin embargo, a los obstáculos que se encuentran durante el viaje se suman los impuestos por Europa, que prioriza la seguridad de las fronteras sin tener en cuenta que son niños y niñas y necesitan de una protección específica y adecuada que tenga en cuenta su realidad, las razones que tienen para alejarse de sus comunidades de origen y empezar un proyecto migratorio y, sobre todo, su necesidad de protección
específica. En particular nos preocupa la situación de los tres colectivos más vulnerables como son los niños, las niñas y los adolescentes que viajan solos sin referentes familiares, los que son víctimas de redes de trata de seres humanos o los que necesitan protección internacional. 

La importancia de tener una perspectiva de infancia en las políticas migratorias debería ser uno de los puntos a tener en cuenta por dirigentes y gobernantes políticos, ya que los niños, niñas y adolescentes representaron el 12% del total de personas que llegaron de forma irregular a España por la Frontera Sur en 2018. Del mismo modo, es necesario establecer un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender a los menores de edad e identificar a aquellos que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Esto debe ir acompañado de una modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas. 

La mayoría de estos jóvenes no han mantenido conductas de riesgo o delictivas en su vida, por lo tanto, no podemos suponer que cada vez que se abre un centro de acogida en un determinado lugar, esos adolescentes vayan a cometer actos delictivos. Es una obligación de todos, partidos políticos, administración y sociedad, garantizar los derechos de estos menores ante su situación de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, en Andalucía sólo el 0,52% de los adolescentes migrantes que han sido acogidos por el sistema de protección desde 2015 ha tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito.

Save the Children defiende que las aportaciones de la población migrante al sistema de bienestar permiten la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad como son la salud, la educación, el sistema de pensiones o las prestaciones económicas. Y recuerda que, como estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050, casi 170.000 personas cada año.

España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050.”

La organización trabaja con niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares en Andalucía, Melilla, Canarias y Catalunya. Conocemos las circunstancias de sus viajes y hemos denunciado muchas veces las condiciones en las que se realiza su acogida. De forma conjunta con muchas otras organizaciones hemos observado cómo eran acogidos en centros sin traductores, sin camas suficientes, sin actividades de formación u ocio, sin perspectiva de infancia. 

ANDALUCÍA, UNA PUERTA DE ENTRADA A EUROPA PARA MENORES SOLOS

Andalucía es la puerta de entrada de la mayoría de menores que viajan solos a nuestro país, por tanto, Save the Children reivindica que es por esta comunidad por donde se deben dar los primeros pasos para garantizar los derechos de estos niños y niñas. El Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía carece de un protocolo que permita a sus trabajadores saber cómo proceder a la hora de detectar y proteger a la infancia con perfiles de especial vulnerabilidad, como las víctimas de trata, los solicitantes de asilo y los que han sufrido violencia durante su proceso migratorio. Por eso, pide a la Junta de Andalucía que establezca un protocolo de actuación homogéneo que garantice la protección de estos niños y niñas.

Save the Children también hace una valoración sobre cómo afecta esta realidad a las niñas y las adolescentes ya que ellas migran en menor medida que sus coetáneos varones. Esta realidad se debe principalmente a los rígidos roles y expectativas de género que caracterizan a sus contextos de origen, basados todavía en normas y tradiciones de fuerte enfoque patriarcal que tienden a infravalorarlas y a restringir mucho su libertad de elección. En muchas regiones las menores cuidan a los demás hermanos y hermanas, ayudan a realizar las tareas domésticas y contribuyen en la organización de la casa, de lo que sus pares varones son excusados. Para ello, muchas veces deben renunciar a su educación y a su formación. Además, en algunas áreas geográficas persisten prácticas como los matrimonios tempranos o el acogimiento fuera del núcleo familiar para el empleo doméstico, haciendo que las niñas pasen rápidamente de vivir bajo la autoridad de sus padres a la de sus maridos u otras familias. 

Las niñas y adolescentes se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y también de destino. Dicha exposición a los riesgos condena a muchas de las jóvenes que viajan solas a quedarse atrapadas en los países de tránsito, víctimas de redes criminales que las mantienen en condiciones de clandestinidad e invisibilidad para evitar que huyan. En estas mismas condiciones se encuentran también muchas de las pocas niñas y adolescentes que logran llegar a España.

Las niñas y adolescentes se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación en los países de origen, tránsito y también de destino.”

Resulta preocupante la sobrerrepresentación de las niñas de Nigeria y de Camerún entre los menores que son tutelados por las administraciones públicas. Estos dos colectivos son los únicos formados sólo por menores de sexo femenino en España, característica que revela las modalidades bajo las que probablemente se ha llevado a cabo el trayecto migratorio y la finalidad oculta de sus llegadas.  

 

UNA OPORTUNIDAD PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN

Save the Children pide a los políticos y dirigentes de España y Andalucía que respeten estas 10 sencillas medidas para una gobernanza responsable de las migraciones con enfoque en la infancia.

1. Cumplimiento de los estándares internacionales sobre derechos de la infancia.

2. Protocolo de llegadas marítimas con enfoque de infancia y plan de contingencia para los meses de mayor presión migratoria.

3. Mecanismos trans-fronterizos para la protección y la entrada segura de las personas menores de edad, víctimas de trata, solicitantes de protección internacional o humanitaria.

4. Políticas de integración a nivel estatal, autonómico y local y campañas contra la discriminación y la xenofobia.

5. Nuevas vías de acceso seguro al territorio: visados de reagrupación a miembros de familia extensa, de estudios y formación, esquemas de patrocinio particular o comunitario específicos para la infancia y adolescencia.Procedimiento de protección internacional con enfoque de infancia.

6. Procedimiento de protección internacional con enfoque de infancia.

7. Ley de lucha integral contra todas formas de trata de seres humanos que incluya a niños y niñas y asegure su protección y acogida especializada.

8. Adopción de estándares mínimos aplicables a todo el territorio para asegurar un adecuado nivel de protección en todas las comunidades autónomas: acogimiento familiar, acogimiento residencial en pequeña escala y con tutorización  personalizada, tutores y asesores imparciales y estables.

9. Estrategia integral y estatal para protección e inclusión infancia no acompañada, que incluya mecanismos de co-responsabilidad y reparto de tareas entre todos los actores a nivel estatal, autonómico y local.

10. Nuevo procedimiento de determinación de la edad en ley
de protección jurídica del menor respetuoso de los derechos de la infancia.