La prestación económica por hijo a cargo o menor acogido
La pobreza tiene un alto nivel de incidencia en la infancia. En España el 32,6% de niños y niñas viven en situación de pobreza o exclusión social. Entre las familias monoparentales, esta cifra alcanza prácticamente a la mitad de los niños y niñas (47,6%) y entre las familias en los que al menos uno de los progenitores es extranjero, al 46% de los niños y niñas.
En nuestro informe “2.826.549 razones: La Protección de la infancia frente a la Pobreza: un derecho, una obligación y una inversión” defendemos y argumentamos la necesidad de que los poderes públicos actúen ante la pobreza infantil para evitar su cronificación y su transmisión intergeneracional.
A la cola de Europa
La inversión pública en España en políticas de protección social a la infancia (1,4%) es netamente inferior a la media de la UE28 (2,2%) o UE17 (2,3%). La prestación por hijo a cargo en España es la más baja de la Eurozona después de Grecia.
La situación actual de la prestación por hijo a cargo está regulada en el artículo 181 y siguientes del RD legislativo 1/1994 de 20 de junio, en el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Según esta la prestación para hijos menores no afectados de supuestos especiales es de 291 € anuales (24 € mensuales) y el requisito es que los ingresos conjuntos no superen los 11.519 € al año (14 pagas de 823 € brutos al mes).
Desde Save the Children, y en línea con las propuestas generadas en el marco de la Alianza para invertir en la Infancia en España de la que somos parte, proponemos:
- La revisión e incremento del importe de la prestación por hijo a cargo hasta los 100 euros mensuales así como el carácter universal de la misma.
- Consideramos que en el caso de las familias monoparentales cuyos ingresos se sitúen por debajo del umbral de la pobreza la cuantía de la prestación que les corresponda debería tener un incremento del 50%.
Hasta que se alcance en el medio plazo el objetivo de una prestación universal por hijo a cargo, consideramos que se deben dar los siguientes pasos:
1º Revisar el cálculo de la renta familiar que permite acceder a la prestación por hijo a cargo. En este sentido proponemos que para calcular los ingresos familiares anuales se resten como mínimo los siguientes gastos:
- aquellos destinados al pago de créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, que superen el 35% de los ingresos mensuales de la unidad familiar
- los gastos obligatorios vinculados a la educación de los niños y niñas a cargo (libros, material escolar...)
- los gastos de sanidad no cubiertos por la seguridad Social que se entiendan necesarios para el adecuado desarrollo de los menores de edad (gafas, audífonos...)
2º Proponemos además la compatibilidad de este tipo de prestaciones con ingresos esporádicos que pueda tener la unidad familiar. Esta medida está orientada a promocionar la activación en el mercado laboral, especialmente de las mujeres.
En este sentido, destacamos la necesidad de poner en marcha un conjunto de medidas legales, de ingreso y de gasto que permitan una solución a la cronificación de la pobreza, de la exclusión, de la privación que impide cubrir las necesidades vitales. Es urgente incrementar la eficacia de las ayudas sociales en España para reducir la pobreza infantil.
Como conclusión, y subrayando la necesidad de la aprobación de una prestación universal por hijo a cargo en un tiempo razonable, consideramos prioritaria la adopción de medidas de urgencia destinadas aquellas familias que están en situación de pobreza o riesgo de exclusión social para lograr una mejora inmediata del efecto de las políticas de transferencias destinadas a combatir la pobreza infantil.
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