Bolivia, Colombia, sierra leona...
se unen contra el matrimonio infantil

Este año no solo Bolivia y Colombia han prohibido el matrimonio infantil. En julio, se aprobó en Islamabad, la capital de Pakistán, la de limitación del matrimonio infantil para esta ciudad, que fija en 18 años la edad mínima legal para contraer matrimonio. Esta nueva ley, aunque solo aplique en la capital, marcará un antes y un después en las políticas de género del país y puede ser una influencia para países de su alrededor con altos índices de matrimonio infantil, como Bangladesh (51%) o India (23%). 

Entrevistamos a Ana Bustinduy, nuestra experta en género. Lleva años trabajando por los derechos de las niñas de todo el mundo y hablamos con ella por el Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre. 

¿Qué consecuencias tiene para las niñas el matrimonio infantil? 

El matrimonio infantil es una de las formas de violencia contra las niñas más graves: por su prevalencia (afecta a 650 millones de niñas en el mundo según datos de Naciones Unidas) y por las consecuencias en los derechos y la vida de las niñas. Afecta de manera muy grave a sus derechos fundamentales, porque se les obliga a dejar de ser niñas: tiene un impacto en su escolarización, ya que tienen que abandonar sus estudios para dedicarse a una vida de adultas a edades muy precoces; en su salud y derechos sexuales y reproductivos al  tener embarazos tempranos y de riesgo, no poder decidir sobre sus relaciones sexuales o sobre su maternidad, y exponerse a infecciones de transmisión sexual. Se enfrentan a relaciones de violencia física, psicológica y sexual, no sólo en el ámbito de la pareja sino también de las familias como recogen los informes de Save the Children. 

Además se dispara en situaciones de crisis humanitarias, como lo que se denomina “estrategias de supervivencia negativa”: las familias piensan que sus hijas tendrán una vida mejor y más oportunidades siendo casadas, lo que hace que esté muy arraigado en contextos humanitarios donde niños y niñas sufren consecuencias devastadoras. En solo 6 meses, dos países latinoamericanos han prohibido el matrimonio infantil. 

¿Esta tendencia puede influenciar a otros países de su entorno? 

El trabajo que han hecho las compañeras de Bolivia y de Colombia, y el que hacen día a día tantas activistas, defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil es impresionante. 

Es una buenísima noticia que se consiga prohibir en el marco legal nacional prácticas que vulneran los derechos de niñas y adolescentes. En Bolivia estaba prohibido pero se mantenía una excepción para niñas de 16 a 18 años con autorización de padres o tutores. Esto hacía que en la práctica siguiera estando muy extendido especialmente en comunidades rurales, altamente empobrecidas. 

Nos compartían las compañeras de Bolivia que ha sido un trabajo coordinado con organizaciones y movimientos feministas, para que Save the Children pudiera aportar enfoque de infancia y a su vez aprender de los movimientos feministas y sociales de defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, también señalaban que el trabajo que queda ahora es importantísimo: estamos hablando de violencias muy arraigadas en la sociedad, y ese cambio en la legislación es fundamental pero ahora queda mucho trabajo para que  se erradique de las prácticas. 

Cada país tiene un contexto muy diferente, y las estrategias para avanzar en la protección de los derechos de las niñas están muy definidas por ese contexto propio. Es muy importante el caso de Bolivia y Colombia porque su experiencia puede fortalecer redes y poner el problema encima de la mesa de nuevo, pero las organizaciones de sociedad civil y de defensa de los derechos de infancia y de mujeres y adolescentes ven su espacio cada vez más reducido. 

1 de cada 5 niñas en el mundo corre el peligro de contraer matrimonio. ¿Cómo se lucha desde Save the Children para erradicar esta práctica ilegal? 

En el movimiento Save the Children tenemos presencia en más de 110 países. Trabajamos junto a organizaciones de sociedad civil incluyendo a organizaciones de derechos de las mujeres, feministas y de defensa de los derechos humanos para promover acciones conjuntas de incidencia claves para trabajar con gobiernos y autoridades locales. Pero además es muy importante el trabajo a nivel comunitario, con las familias y con las propias niñas y niños para erradicar esas prácticas, como el matrimonio forzado infantil que afectan a los derechos de las niñas. 

En contextos de crisis humanitarias el trabajo con las niñas en espacios seguros es fundamental para proporcionar apoyo en salud, salud mental y acompañamiento, y poder referenciar casos de violencia. En estos espacios se trabaja la autoestima, la capacidad de influir en la toma de decisiones, el autocuidado y el diálogo con las familias. 

Pero también hay un trabajo muy importante de comunicar donde está el origen de estas vulneraciones de derechos y por qué suceden estas prácticas: la desigualdad de poder en sistemas patriarcales que imponen a las mujeres desde niñas códigos de honor y de sumisión; los roles de género donde las mujeres sólo pueden ser esposas y madres, las condiciones socioeconómicas y otros factores de desigualdad que implican a niñas de determinadas culturas, etnias, entorno rural, a ser casadas a edad muy temprana. 

¿Los recortes en cooperación y asistencia humanitaria de distintos países ponen en riesgo la buena tendencia que mostraban los datos de reducción del matrimonio infantil? 

Para desarrollar programas de prevención y respuesta a los matrimonios forzados es clave el apoyo a las organizaciones de mujeres y niñas que defienden sus derechos, proporcionan ese acompañamiento y esas estrategias de incidencia para acabar con estas prácticas. 

En un momento de retroceso de la financiación a ONGs y sociedad civil, y en un auge reaccionario de misoginia, como respuesta a los movimientos feministas globales que desde 2017 se sucedieron por todo el mundo, las organizaciones se ven limitadas, expuestas y en riesgo en determinados contextos. Es fundamental el trabajo en red y el apoyo de organizaciones internacionales como Save the Children para que continuen realizando su trabajo. 

Por nuestra parte, el trabajo en cumplir las normas internacionales y nacionales de derechos de las mujeres y las niñas e igualdad de género es imprescindible para que no desaparezcan de la agenda humanitaria. 

Si el género se considera una moda y no se dan los medios para trabajar en programas centrados en reducir las desigualdades y violencias estaremos afectando gravemente a derechos de niñas, adolescentes, e infancia en toda su diversidad en todo el mundo.

Casarse no es un juego, aunque de pequeñas cantáramos la canción “mamá, ¿con cuántos añitos me voy a casar” cuando saltábamos a la comba. Es una realidad para 12 millones de niñas que son obligadas a casarse cada año. 

Aún queda la esperanza de que, con el trabajo conjunto de las organizaciones, la sociedad civil y las propias niñas activistas, los países den por fin el paso y prohíban esta práctica tan peligrosa.