Save the Children: El Pacto de Migración de la UE debe proteger a los niños y niñas, no ponerlos en riesgo

El pacto entra en vigor mañana y la organización hace un llamamiento a que el interés superior del menor se priorice ante los objetivos de gestión fronteriza

BRUSELAS/MADRID, 11 de junio de 2026 – Con la entrada en vigor el próximo 12 de junio del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, Save the Children pide que el interés superior del menor se priorice ante los objetivos de gestión fronteriza. Los niños y niñas que buscan seguridad en Europa podrían enfrentarse a un mayor riesgo de controles biométricos coercitivos y detención, aunque la implementación del Pacto también puede suponer una oportunidad para reforzar su protección. 

“El Pacto es ya una realidad, pero que realmente proteja a los niños o los exponga a un mayor daño dependerá en gran medida de cómo se implemente. La prueba real es ahora”, afirma Federica Toscano, experta en incidencia política de Save the Children sobre infancia en movimiento.

El control de frontera, los procedimientos y condiciones de los centros de acogida marcarán, según la organización, la diferencia entre protección y daño. Se trata de niños, niñas y adolescentes que huyen de la violencia, de brotes de enfermedades, pobreza y abusos en busca de seguridad. Existe un peligro real de que este Pacto pueda convertir su detención de en la nueva norma en las fronteras de Europa: “Aunque la legislación europea es clara al establecer que la detención debe ser un último recurso, la realidad es que se ha vuelto cada vez más habitual en todo el continente. Ya hemos visto las consecuencias: niños retenidos en instalaciones masificadas e inadecuadas, sin la atención y el apoyo que necesitan, lo que los deja expuestos a incertidumbre, angustia y mayores daños. Ningún niño o niña debería ser detenido simplemente por buscar protección”, añade Toscano.

El Pacto también da prioridad a una tramitación más rápida en las fronteras de la UE, pero la rapidez no debe primar frente a los derechos de la infancia. Puede darse una falta de identificación de vulnerabilidades específicas, que deja más indefensos a niños y niñas que han sido víctimas de trata o violencia, o solicitantes de asilo. Y a esto se añaden las dificultades para reunirse con sus familiares, que ya incorpora muchas barreras en la regulación actual. La incapacidad de reunirse con sus familias genera en ocasiones la búsqueda de otras rutas más inseguras y con mayor peligro para la infancia. 

Sin embargo, la implementación del Pacto puede ser una oportunidad en el contexto español para reforzar aquello que la infancia migrante necesita. En primer lugar, que sus necesidades queden bien identificadas mediante herramientas que ya existen como ETNNA (Evaluación de Necesidades de Niños y Niñas Acogidos), desarrollada en colaboración con Acnur, y que permite identificar tempranamente necesidades de protección, salud, educación y acompañamiento psicosocial.

Acompañar de forma personalizada al niño o niña, con una persona de referencia que le guíe en los procedimientos administrativos y legales, así como el acceso a asistencia jurídica son elementos que mejorarían las condiciones de acogida y aseguran que el interés superior del menor siempre se respete. 

“Los niños y niñas necesitan estabilidad, continuidad en los cuidados, relaciones de confianza y acceso a servicios esenciales. Un sistema que deja a niños, niñas y adolescentes confinados en condiciones inadecuadas, sometidos a la fuerza y privados de estabilidad no refleja ni los valores de Europa ni sus obligaciones legales”, concluye Federica Toscano. 

Para Save the Children, la UE se enfrenta ahora a una elección: aplicar un sistema que proteja realmente a la infancia o uno que la exponga a un mayor riesgo. La transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales para garantizar que los derechos de la infancia se respeten en toda la UE.
A un día de la entrada en vigor de la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, en España todavía no se conoce la hoja de ruta para su implementación ni las reformas legales que implicará, lo que genera gran incertidumbre.

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