La organización valora los avances aprobados por el Gobierno para reforzar la protección de los hogares vulnerables y pide a los grupos parlamentarios que incorporen una perspectiva de infancia en la votación de los decretos prevista mañana en el Congreso de los Diputados.
Madrid, 01 de octubre de 2026 – Save the Children valora positivamente algunas de las medidas incluidas en los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros y Ministras, especialmente aquellas destinadas a aumentar la estabilidad residencial y reforzar la protección frente a los desahucios de los hogares en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la organización recuerda que la crisis de vivienda es también una crisis de derechos de infancia y lamenta que los niños, niñas y adolescentes no aparezcan como un colectivo específicamente protegido en las nuevas normas. Ambos decretos deberán ser debatidos y convalidados o rechazados mañana en el Congreso de los Diputados, pero una tramitación posterior como proyectos de ley, en caso de convalidación, daría la oportunidad para introducir mejoras que sitúen a la infancia en el centro de las políticas de vivienda.
"La vivienda es mucho más que un techo. Es el lugar donde niños y niñas crecen, estudian, descansan, se relacionan y desarrollan sus proyectos de vida. Por eso, no habrá solución a la crisis de vivienda si no se tiene en cuenta a la infancia", señala Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarollo Territorial en Save the Children.
La organización recuerda que una vivienda adecuada es una condición indispensable para garantizar los derechos de la infancia. Los hogares deben ofrecer condiciones de seguridad, espacio suficiente, salubridad y acceso a servicios básicos que permitan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Los niños y niñas siguen siendo invisibles en las estadísticas y en la normativa
Aunque las estadísticas oficiales sobre desahucios no recogen cuántos de ellos afectan a familias con hijos e hijas a cargo, la realidad demuestra que muchos niños y niñas viven situaciones de pérdida de vivienda o riesgo residencial. Además, los desahucios no son únicamente el momento de la ejecución judicial, sino procesos prolongados que generan incertidumbre, estrés e impactos emocionales y psicológicos que pueden afectar al bienestar y al desarrollo de la infancia.
En este contexto, Save the Children valora especialmente la ampliación de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una de las medidas incluidas en el nuevo paquete aprobado por el Ejecutivo.
No obstante, la organización advierte de que la definición actual de vulnerabilidad continúa centrada principalmente en criterios económicos y no incorpora una protección específica para la infancia ni para las familias con menores a cargo. Según la entidad, esta es una oportunidad perdida para reconocer el impacto diferencial que la inseguridad residencial tiene sobre los niños y niñas.
La alternativa habitacional debe ser adecuada para la infancia
Save the Children considera que uno de los elementos más relevantes de la nueva regulación es la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a los hogares vulnerables antes de ejecutar determinados desahucios. Sin embargo, la organización pide que dicha alternativa no se limite a proporcionar un alojamiento temporal, sino que garantice condiciones adecuadas para la infancia.
"Cuando hablamos de una alternativa habitacional adecuada debemos preguntarnos si tiene espacio suficiente para una familia, si permite mantener la escolarización de los niños y niñas, si facilita el acceso a servicios esenciales y si favorece su inclusión social. La infancia debe estar presente en esa evaluación", indica Perazzo.
La organización reclama que el interés superior del niño se incorpore expresamente en la valoración de las alternativas residenciales que puedan ofrecerse a familias con hijos e hijas.Tanto las administraciones que ofrezcan estas alternativas como los órganos judiciales al valorarlas deberán examinar su impacto sobre los derechos de los niños y niñas afectados para cumplir así con la legislación de protección jurídica del menor y con las recomendaciones más recientes del Comité de los Derechos del Niño. Este organismo de la ONU también pide que los procedimientos de desahucio y realojo sean supervisados por servicios de protección de menores.
Más apoyo para las familias con hijos e hijas
Save the Children también considera que las medidas orientadas a aliviar el coste de la vivienda pueden contribuir a mejorar la situación económica de muchas familias, como la nueva deducción fiscal para arrendatarios con rentas medias y bajas. Sin embargo, la organización advierte de que este tipo de instrumentos siguen dejando fuera a numerosos hogares vulnerables que no presentan declaración de la renta o que tienen una capacidad económica muy limitada.
Por ello, la entidad plantea estudiar fórmulas complementarias, como ayudas directas o mecanismos reembolsables, que permitan que el apoyo llegue también a las familias con menos recursos.
Asimismo, respecto a las nuevas líneas de financiación para la construcción de vivienda pública y para el acceso a la primera vivienda, Save the Children subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de infancia y familia en el diseño de estas políticas.
"La vivienda pública debe responder a las necesidades reales de las familias con niños y niñas. No solo importa cuántas viviendas se construyan, sino también que sean adecuadas en términos de habitabilidad, tamaño, seguridad, acceso a servicios y calidad del entorno", añade Perazzo.
La organización también expresa su preocupación por aquellas familias en situación de vulnerabilidad que difícilmente podrán acceder a una hipoteca o a instrumentos de financiación para la compra de vivienda, por lo que considera imprescindible reforzar las alternativas de alquiler asequible y vivienda protegida.
Más estabilidad en el alquiler, pero sin una protección específica para la infancia
Save the Children valora positivamente las medidas aprobadas para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento, incluyendo las nuevas prórrogas obligatorias y los mecanismos de indemnización para los inquilinos en determinados supuestos.
Sin embargo, la entidad destaca que, una vez más, la infancia no aparece como un colectivo diferenciado dentro de las situaciones que pueden justificar la protección o la prórroga de un contrato de alquiler. En este sentido, la organización considera que la presencia de niños y niñas en el hogar debería ser un factor específico a tener en cuenta en las decisiones relacionadas con la continuidad de los contratos de arrendamiento, más allá de los criterios generales de vulnerabilidad económica.
La organización muestra preocupación también porque algunas de estas medidas de protección a familias con hijos e hijas a cargo pueda derivar en una discriminación de este colectivo a la hora de acceder a alquileres privados. Por ello demanda mecanismos que permitan dar seguimiento a esta cuestión y corrijan las posibles derivadas negativas una vez se implementen estos cambios.
La votación de mañana, una oportunidad para mejorar la protección de la infancia
Save the Children considera que el debate y la votación de los decretos previstos mañana en el Congreso de los Diputados representan una oportunidad para reforzar el enfoque de infancia de las medidas aprobadas por el Ejecutivo. La organización pide a los grupos parlamentarios que, durante el proceso de posterior tramitación normativa, incorporen salvaguardas específicas para los hogares con niños, niñas y adolescentes.
"Los niños y niñas no pueden seguir siendo invisibles en las políticas de vivienda. Garantizar hogares seguros, adecuados y estables es una de las inversiones más eficaces para proteger sus derechos, combatir la pobreza infantil y mejorar sus oportunidades de futuro. La votación de mañana en el Congreso es una oportunidad para que la infancia ocupe el lugar que le corresponde en el debate sobre la vivienda", concluye Perazzo.
