Abusos sexuales a menores de edad: En 8 de cada 10 casos el agresor es una persona conocida o del entorno familiar

  • Save the Children presenta lanza un análisis en el que revisa cerca de 400 sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia, 46 de ellas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
  • El estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en el 80,3% de los casos analizados la víctima es una niña o una adolescente, un 80,4% en Euskadi.  
  • El 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual  
  • Save the Children recuerda la necesidad de contar con juzgados especializados que garanticen los derechos de las víctimas infantiles de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales

Informe: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2023-10/Por_una_justicia_a_la_altura_de_la_infancia_STC.pdf  
Materiales para medios: https://prensasavethechildren.smugmug.com/Nacional/Violencia/Informe-Por-una-justicia-a-la-altura-de-la-infancia

Bilbao/Madrid, 5 de octubre de 2023. En 8 de cada 10 casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña, y el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual. Son datos del último informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España. en el que se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia en España.  

En Euskadi se han analizado 46 sentencias que revelan que la tendencia es que un 80.4% de las víctimas son niñas y adolescentes. En relación con la edad, destaca el intervalo de edad comprendido entre los 10 y 14 años, en el que se encuentran el 63% de los casos. El entorno familiar representa el 43,5% de todos los casos. Un 34,8% son conocidos en mayor o menor medida por la víctima y un 21,7% desconocidos. Además, en el 23,9% de los casos, porcentaje que representa la mayor frecuencia, el proceso duró entre 2 y 3 años, y las condenas representan el 89,1% de los casos estudiados.

La organización recuerda que el abuso sexual es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y adolescencia y, además, una de las más ocultas. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. 

“Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así”, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children. 

El estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años, y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente. Además, ha aumentado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. En el periodo analizado anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los 2 años. Sin embargo, ahora vemos que sólo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo.

Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta 3 veces en policía, fiscalía y juzgado. Sólo en el 24,9% de los casos consta que se utilizó la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones.

Este es el caso de Carmen, gaditana de 26 años y superviviente de los abusos sexuales que sufrió desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo. Carmen denunció a los 17 años y tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones. “Durante el proceso yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y demás, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer… nada. Declaré, pero me sentí bajo presión”, relata.

Una justicia a la altura de la infancia

Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales. 

Esto debe concretarse en las siguientes medidas:
•    implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia
•    creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima
•    formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos
•    la asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.
Además, uno de los aspectos básicos de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas.

“La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual”, afirma Perazzo.

Casas de los niños y niñas

Save the Children apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus (“casa de los niños” en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria. 

En Euskadi el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco con el asesoramiento de Save the Children estableció en 2021 el equipo motor para la realización de un proyecto piloto de atención integral especializada a los niños, niñas y adolescentes menores de edad. Tras perfilar el modelo y definir formas de trabajo, recibir talleres de formación sobre abusos a niñas y niños, realizar entrevistas con otras casas Barnahus del mundo y reuniones sectoriales, el piloto de Barnahus está previsto que se implemente en los próximos meses en Vitoria-Gasteiz. 

En el modelo vasco, los Servicios Sociales son la clave para el acceso a los servicios de la Barnahus. A partir de ahí, entran en juego el resto de agentes: los judiciales y policiales, si la víctima estuviera en peligro; los educativos, que contarán con diferentes herramientas para identificar posibles casos de violencia hacia los niños y niñas para que lo pongan en conocimiento de los Servicios Sociales de sus municipios; y los sanitarios, que cuentan ya con un protocolo y deben ahora coordinarlo y adaptarlo al modelo Barnahus.

Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Catalunya -en concreto, en Tarragona-, otras comunidades autónomas además de Euskadi, como Andalucía, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino. Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 -desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030-, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distintas comunidades autónomas. 

“En la legislatura pasada ya se impulsaron tres proyectos de ley para reformar el sistema de justicia que, a pesar de no contar con un proyecto de ley propio, eran una oportunidad para poder crear la justicia especializada en violencia contra la infancia y adolescencia. Los próximos cuatro años tienen que ser definitivamente la legislatura de la infancia y poner todo el sistema de justicia a la altura de los niños y niñas”, añade Perazzo. 

SOBRE SAVE THE CHILDREN

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 115 países y en Euskadi está presente desde hace casi 20 años, realizando una intensa actividad de incidencia política y social, y proporcionando apoyo educativo y actividades de ocio y tiempo libre a más de 500 niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social en Bilbao, Barakaldo y Vitoria-Gasteiz.

En el Estado trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.