Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de niños y niñas migrantes en situación administrativa irregular

•    El 9,6 % de los niños y niñas migrantes en situación administrativa irregular en España reside en Andalucía 
•    Save the Children y la fundación por Causa presentan un análisis de las magnitudes y características de la infancia migrante en situación irregular en nuestro país
•    Defienden la regularización urgente dirigida específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo
•    Tres de cada cuatro niños y niñas en situación administrativa irregular en España proceden de América Latina
•    Save the Children considera urgente que se permita el acceso de las familias en situación administrativa irregular a la actual Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, y a sus futuras modificaciones

Informe: https://bit.ly/3aDJr8B 
Materiales audiovisuales para medios: https://n9.cl/s73l
Propuestas: https://bit.ly/3qO910g 

Sevilla, 24 de febrero de 2021. De acuerdo con el análisis realizado por Save the Children y la fundación por Causa, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de niños y niñas migrantes en situación administrativa irregular. En concreto, el número de migrantes en situación irregular y con menos de 19 años era en Andalucía en 2019 de 14.000 (9,6% del total de España). A nivel nacional, el número asciende a casi 147.000. Así se recoge en su informe Crecer sin papeles en España, presentado hoy.

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Las dos organizaciones han llevado a cabo un estudio que pone luz ante la invisibilidad que viven niños, niñas y adolescentes migrantes sin papeles en España, quienes tienen una tasa de irregularidad muy por encima de la del conjunto de la población migrante sin papeles, situada alrededor del 13%. La tasa de irregularidad total de niños, niñas y adolescentes migrantes en España es de 20,4%, es decir, uno de cada cinco niños y niñas migrantes en situación administrativa irregular. El 16,6% de los niños y niñas migrantes en Andalucía está en situación administrativa irregular (14.000 de 84.380 niños y niñas migrantes que vive en la comunidad).

Asimismo, el estudio desglosa por franja de edad la población infantil y adolescente migrante sin papeles en Andalucía: 4.864 tienen entre 0 y 4 años, 2.843 entre 5 y 9, 2.388 entre 10 y 14 y 3.801 entre 15 y 19 años. El peso de estos grupos sobre la población migrante menor de edad total de la comunidad es de 20,2%, 12,6%, 13,4% y 19,0%, respectivamente. 

En lo referido a la procedencia, tres de cada cuatro menores de edad en situación administrativa irregular en España son de América Latina. Colombia concentra los números absolutos más altos entre todos los países analizados. Uno de cada seis niños y niñas sin papeles residente en España proviene de este país. Le siguen en importancia otros países de la región como Honduras, Venezuela y Perú. De hecho, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares. África es el origen del 43% de los niños y las niñas migrantes que viven en nuestro país, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular. 

Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas más pobladas y con mayor presencia de personas migrantes que concentran el mayor número de estos niños y niñas, después de Cataluña (cuenta con más de 34.000); Comunidad de Madrid (más de 29.300); Comunidad Valenciana (casi 20.000). Sin embargo, en términos relativos no se respeta esta tendencia ya que algunas de las comunidades que presentan tasas mucho más altas de irregularidad también están entre las menos pobladas: Asturias, Galicia, Cantabria, Canarias y Euskadi tienen a 35% de los niños y las niñas migrantes en esta situación. 
“La posi¬bilidad de haber cruzado una frontera o residir en un país sin la autorización pertinente establece una rea¬lidad en la que una parte de la sociedad se sitúa un escalón por debajo del res¬to en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos. Esta situación podría complicarse aún más como consecuencia de la crisis del coronavirus, la caída del empleo entre la población migrante y su impacto en los permisos de residencia”, alerta Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

 “El tiempo corre en nuestra contra. De acuerdo con nuestras estimaciones, el número de personas migrantes en situación irregular en España podría verse incrementada en un número superior a los 160.000 trabajadores y trabajadoras, lo que complicará mucho más las cosas”, añade Gonzalo Fanjul, director del área de Investigación de la fundación por Causa. 

Fátima y Mustafá, junto a sus cuatro hijos, son una familia de origen migrante que reside actualmente en Estepona, Málaga. Ambos nacieron en el Sáhara y llevan muchos años viviendo en España. Sin embargo, ella actualmente no tiene los papeles en regla, lo que le impide recibir ayudas, mientras que él está en paro desde que estalló la pandemia por el coronavirus. Esta familia subsiste con tan solo 420 euros al mes. “Para mí, los papeles significan vida. Toda la vida”, apunta Mustafá.

A eso hay que añadir la situación de irregularidad de los niños y las niñas derivada de los rechazos a las peticiones de protección internacional, y que el análisis de la Fundación por Causa y Save the Children ha estimado en unos 13.000 casos. 

Múltiples daños a la infancia migrante

Las consecuencias de esta situación son tangibles y, a menudo, trágicas y de largo alcance. Los hogares con personas de nacionalidad extracomunitaria tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de pobreza y exclusión que aquellos compuestos por nacionales. La situación se agrava con la llegada de los hijos e hijas: la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar de características medias con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%; si este mismo hogar es extracomunitario, la probabilidad sube al 48%.

Las familias pobres en situación de irregularidad quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital recientemente adoptado a nivel estatal y concebido para proporcionar una red básica de seguridad precisamente a quienes están como ellas. Algunas comunidades –como Baleares, Comunidad Valenciana y Euskadi– sí que incluyen a la población sin papeles en sus rentas mínimas. En el caso de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, se acepta la vecindad administrativa para poder disfrutar de esta renta, sin embargo, en la documentación para solicitarla hay que presentar el NIE, lo que automáticamente excluye a las personas en situación administrativa irregular.

El acceso efectivo al derecho a la educación también puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación de Extranjero que impida su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas. Asimismo, es un inconveniente cuando se trata de participar en el sistema de educación no obligatoria. Estas trabas no necesariamente están en la norma, sino que son el resultado del desconocimiento o la arbitrariedad de algunas autoridades educativas.

Las diferencias entre la ley y su aplicación también afectan al derecho de la infancia a la salud, donde las familias en situación irregular deben hacer frente a numerosas arbitrariedades y dificultades prácticas. La disparidad de criterio de los sistemas sanitarios en las comunidades autónomas no siempre garantiza el acceso a la tarjeta sanitaria, la protección frente a una factura médica que puede tener consecuencias financieras catastróficas o el seguimiento continuado de los pacientes menores de edad en situación administrativa irregular.

En ocasiones, el miedo a que el uso de los sistemas sanitarios desvele su situación ante las autoridades policiales aleja de facto a los niños y las niñas de los centros de salud primaria y especializada. El impacto de la irregularidad en la salud mental es uno de los aspectos más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección, pero uno de los que dejarán una huella más profunda. El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños y las niñas viven de manera directa y perciben en las personas adultas definirá sus oportunidades en la vida de un modo que resulta difícil de comprender, aseguran las organizaciones en su informe.

El coste de la regularización

La Fundación por Causa y Save the Children aseguran que una regularización dirigida específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo permitiría reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social. Además, la naturalización de su situación administrativa permitiría abrir una vía de escape a la vulnerabilidad social que amenaza con condicionar la vida de toda una generación de ciudadanos y ciudadanas extranjeros.

De forma complementaria, Save the Children pide proporcionar un régimen jurídico específico para toda la infancia migrante. Con ello se evitaría que su situación administrativa menoscabase el principio del interés superior del menor y de no discriminación, así como se adoptarían medidas para evitar la irregularidad sobrevenida.

Por último, Save the Children considera fundamental que se permita el acceso a las familias en situación administrativa irregular al Ingreso Mínimo Vital, a las prestaciones autonómicas por hijos e hijas a cargo y, en el caso de Andalucía, a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
 

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