Unos 1.800 niños y niñas llevan sin luz más de dos años
Madrid, 16 de diciembre de 2022. Los derechos de las familias de la Cañada Real (Madrid) vuelven a ser ignorados. Ayer venció el plazo dado por el Comité Europeo de Derechos Sociales a España para dar una respuesta a la reclamación colectiva en la que se denunciaba el incumplimiento de la Carta Social Europea. A fecha de hoy no tenemos constancia de respuesta oficial por parte del Gobierno, lo que perpetúa la situación de riesgo de los 1.800 niños y niñas afectados, a las puertas de un nuevo invierno, el tercero, en el que las bajas temperaturas son un peligro para la salud física y mental, rendimiento escolar y bienestar de la infancia.
La reclamación colectiva en el caso de la Cañada Real es la primera que se presenta contra España. La presentaron el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y varias ONG internacionales presentes en la Plataforma Cívica “Luz Ya para la Cañada Real” en marzo de 2022. Esta reclamación denuncia la vulneración de derechos a causa de los cortes de electricidad en este enclave de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran el derecho a la salud, la protección contra la pobreza y la exclusión social o el derecho a la vivienda.
“Cuando España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas del Comité en el año 2021, lo aceptaba con todas las obligaciones que ello implica”, subraya Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children. “Por ello, la exigencia de Europa se ha de aceptar con todas sus consecuencias y todas sus fases; es inaceptable que no esté siendo así, y que no se estén cumpliendo las medidas cautelares exigidas por el Comité”, añade.
Las medidas cautelares reclamadas hasta que se dicta sentencia buscan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas −y en especial las de especial vulnerabilidad, como la infancia− que habitan en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real y que viven, desde octubre del año 2020, sin electricidad. Se trata de evitar así que estos derechos −en este caso, derechos como el acceso a la salud, a la protección de la infancia o a la no discriminación− sufran vulneraciones antes de que el Comité se pronuncie sobre el fondo de la reclamación.
“Si se causa un daño irreparable a las personas afectadas, el procedimiento perderá gran parte de su sentido dado que solamente podrá declarar la violación y ordenar una reparación, pero no podrá evitar daños mayores a los ya sufridos. La situación de especial vulnerabilidad que sufre la infancia afectada por este corte de electricidad, así como el irreversible efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre los derechos de los niños y las niñas, hace especialmente necesario el cumplimiento de estas medidas cautelares”, explica Perazzo.
Para cumplir con estas medidas no es necesario entrar en las cuestiones legales que afectan a la compañía suministradora ni a las relaciones contractuales con ella, sino una voluntad política como la que se despliega en otras situaciones de falta de suministro, según Save the Children: con proporcionar a las familias afectadas fuentes de energía como generadores o placas solares, se estaría dando respuesta a la solicitud del Comité.
“España no puede sentar un primer precedente de incumplimiento de medidas cautelares, que pondría en entredicho su compromiso con este sistema internacional de garantía de derechos. España se debe comprometer con el Comité Europeo de Derechos Sociales y no debilitarlo ignorando sus pronunciamientos. Especialmente cuando cumplir con estas obligaciones sólo requiere una voluntad política”, concluye Perazzo.
Los niños, niñas y sus familiares han pasado ya dos inviernos sin suministro eléctrico, el primero de ellos con el especial daño causado por el temporal Filomena, y afrontan su tercero sin vistas a que la situación cambie. Niños como Redavi siguen sufriendo situaciones que nadie, y menos a esa edad, deberían afrontar: “Cuando estamos durmiendo, algunas veces nos entra un frío tremendo, que nada puede impedirnos, ni las mantas, porque es un frío...”.
Medidas cautelares
El 19 de octubre de 2022, el Comité resolvió admitir a trámite la reclamación colectiva e indicó medidas cautelares, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento del Comité. El Comité considera que la falta de electricidad pone a las personas residentes en varios sectores de la Cañada Real en “riesgo de daño grave e irreparable para sus vidas”, sobre todo, en vista de la llegada del invierno y del riesgo de condiciones climáticas adversas. El Comité rechaza las razones alegadas por el Estado en contra de las medidas cautelares (la existencia de resoluciones judiciales al respecto, las medidas tomadas hasta ahora, los planes de realojo). Por ello, el Comité declara, unánimemente, la necesidad de adoptar dos medidas fundamentales: garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a electricidad y calefacción, teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los grupos vulnerables; y ofrecer alojamiento alternativo a las personas afectadas cuando no sea posible garantizar el acceso a la electricidad y la calefacción.
La Carta Social Europea
La Carta Social Europea es el tratado europeo de derechos humanos laborales y sociales. Se concluyó en 1961 como complemento al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. En 1996, se revisó la Carta para incluir nuevos derechos.
España ratificó la Carta Social Europea en 1980. Sin embargo, hasta 2021 no ratificó ni la versión revisada de la Carta, ni el procedimiento de reclamaciones colectivas. Desde 2021, ambos tratados están en vigor para España.
El Comité Europeo de Derechos Sociales
El Comité Europeo de Derechos Sociales es un órgano de expertos independientes encargado de supervisar la correcta aplicación de la Carta Social Europea en los Estados que la han ratificado. En 1995, mediante un Protocolo especial, se le confirió la competencia de examinar reclamaciones colectivas interpuestas por sindicatos, organizaciones no gubernamentales u organizaciones empresariales que denunciaran incumplimientos de la Carta en los Estados miembros. Se trata de un procedimiento contradictorio en el que la organización demandante y el Estado demandado pueden presentar sus argumentos sobre por qué si, o por qué no, el Estado está cumpliendo correctamente con determinadas disposiciones de la Carta. El Comité valora jurídicamente los argumentos y determina si el Estado ha cumplido o no con las obligaciones que le incumben para garantizar los derechos de la Carta. A continuación, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta una resolución con recomendaciones al Estado.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.
En España trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención a los niños y niñas y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños y niñas, niñas y sus familias.