Es un avance positivo que la norma incluya a la infancia y la adolescencia como colectivo prioritario, pero se quedan fuera medidas clave para situaciones extremas, como los desahucios que afectan a niños
Madrid/Bilbao, 26 de abril de 2023 – La ley por el derecho a la vivienda, que está previsto que se vote mañana en el Congreso de los Diputados, no aborda con la suficiente contundencia la protección de la infancia frente a los desahucios.
Desde 2008, se han producido a nivel estatal cerca de 700.000 desahucios y se estima que entre el 70% y el 80% afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas. En Euskadi la mayor incidencia se concentra en Álava, con 1,4 lanzamientos por cada 1.000 hogares, seguida de Bizkaia (1,1) y Gipuzkoa (0,4) (CGPJ, 2021).
La vivienda es el espacio físico de la crianza y, por tanto, determina las posibilidades de crecimiento y desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños y niñas. Por eso es imprescindible incluir específicamente las necesidades de los menores de edad en la ley, cumpliendo así el artículo 47 de la Constitución Española, que se refiere a la función social de la vivienda. Por ello, es positivo que se vayan a votar enmiendas que incluyan a la infancia y adolescencia como colectivo prioritario en el acceso a la vivienda social o facilitar a las familias vulnerables ayudas a la rehabilitación de casas, cuestión estrechamente ligada a la pobreza energética.
DESAHUCIOS, LA FORMA MÁS EXTREMA DE EXCLUSIÓN
Sin embargo, el proyecto de ley carece todavía de una medida clave para proteger a los niños de los desahucios, que son la forma más extrema de exclusión residencial y pueden tener efectos irreparables sobre la infancia. El proyecto de ley contempla que el informe de vulnerabilidad que emiten los servicios sociales como trámite previo a un desahucio cuando hay presencia de menores de edad en el hogar sea solo voluntario. Lo que propone Save the Children en su reciente informe ‘Aquí no hay quien viva’ es que este paso previo sea obligatorio.
Esta valoración de la vulnerabilidad de los hogares que puedan sufrir un desahucio es acorde con la jurisprudencia de los tribunales y está alineada con algunas leyes autonómicas pioneras en la protección de la infancia en estos casos. La fase decisiva en la que se adentra la tramitación parlamentaria de la ley supone una oportunidad única para incorporar esta cuestión clave.
En Euskadi, la organización en su Análisis de las dificultades de las familias para acceder a una vivienda digna en Euskadi propone la necesidad de reforzar la protección frente a los desahucios en hogares con niños y niñas en la agenda estratégica municipal, foral y autonómica, basada en el Plan Estatal de Garantía Infantil, la futura Estrategia Vasca de Garantía Infantil y el Pacto Social por la vivienda, reforzando, extendiendo y escalando a otros niveles las experiencias en prevención de desahucios en hogares con niños y niñas. Se debe garantizar la máxima protección de la infancia frente a estos procedimientos, ofreciendo de manera inmediata un alojamiento temporal si no existe una alternativa habitacional adecuada.
AUTOMATIZACIÓN DE AYUDAS O VIVIENDAS SOCIALES INDEFINIDAS, FUERA DE LA LEY
Asimismo, la norma deja fuera otras cuestiones fundamentales para abordar la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país, como hacer indefinido el plazo de calificación de las viviendas sociales (los 30 años recogidos en la ley son insuficientes), o la automatización del acceso a ayudas a la vivienda para determinadas situaciones y colectivos (como pueden ser familias con hijos e hijas a cargo perceptoras del IMV u otras rentas autonómicas como la RGI). A pesar de que sean cuestiones que se pueden abordar en el desarrollo que hagan las administraciones autonómicas en cuestión de vivienda, se echa en falta medidas marco para limitar la sobrecarga financiera de las familias. La falta de presupuesto asociado puede generar también dificultades a la hora del desarrollo efectivo de la ley.