La LOMLOE sigue sin garantizar la educación inclusiva como un derecho de todo el alumnado sin excepciones

  • La Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar (Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y CERMI) lamenta que los grupos mayoritarios no hayan aceptado las enmiendas para asegurar este derecho en la futura ley, que se debate esta semana en el Congreso.
  • Las organizaciones piden aprovechar el trámite parlamentario que queda para que la ley reconozca la inclusión no como un mero principio sino como un derecho efectivo.

Madrid, 12 de noviembre de 2020. Este viernes la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprueba el informe de ponencia de la nueva Ley de Educación estatal conocida como LOMLOE, paso previo para que el proyecto llegue al pleno de la Cámara para su aprobación y envío posterior al Senado. Aunque se reconocen mejoras en aspectos como la posibilidad de titular al alumnado con adaptaciones curriculares significativas, el reconocimiento del alumnado socioeconómicamente vulnerable y la recomendación a las Administraciones de evitar la segregación. 

La Alianza considera que la ley no hace un abordaje de la educación desde una perspectiva exigente de derechos humanos, donde la inclusión y la no discriminación sean los pilares en los que se sustente la escuela española. Del mismo modo, las organizaciones defienden que se cumplan los compromisos con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España, en los que se deja claro que la educación inclusiva es un derecho humano de todas las niñas y los niños sin excepciones, algo que también quedó recogido en el último Informe Mundial sobre la Educación elaborado por la UNESCO. 

El principal obstáculo para la educación inclusiva es la creencia de que no es posible ni deseable, pero hay experiencias nacionales e internacionales que funcionan a pleno rendimiento. Por todo ello, la Alianza pide que se vea la inclusión como una oportunidad de país, de mejora colectiva y de convivencia cívica.

LIBERTAD DE ELECCIÓN

El texto no ofrece garantías en la libertad de elección de las familias con hijas e hijos con discapacidad para elegir la modalidad educativa, siendo la última palabra la de la administración y que provoca situaciones completamente desgarradoras de madres y padres litigando contra el Estado porque piden escolarizar a sus hijos en el sistema ordinario. Esta cuestión fue motivo de una condena al Estado español, por Naciones Unidas a raíz de una denuncia individual de una familia de León, a la que se negó que su hijo estudiase en el colegio que ellos querían. La ONU dictaminó que España incumplió sus obligaciones respecto al derecho a la educación inclusiva; el respeto al hogar y a la familia; la protección de la integridad personal, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el acceso a la justicia, así como en asegurar que los niños y niñas con discapacidad disfruten de sus derechos humanos.

Esta condena por un caso individual aparece  también en el informe de Naciones Unidas de 2018 en el que se declaró la vulneración sistemática por el Estado español del derecho a una educación inclusiva para el alumnado con discapacidad. La Alianza insiste en que la reforma recién aprobada no revierte esta situación de incumplimiento estructural de los mandatos de derechos humanos.  

MECANISMOS CORRECTORES EFECTIVOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN Y APOYOS SUFICIENTES

Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y CERMI consideran que la libertad de elección de centro es compatible con la equidad. Para ello piden introducir mecanismos correctores concretos en el proceso de admisión que aseguren una distribución equilibrada del alumnado socioeducativamente vulnerable o con necesidad específica de apoyo educativo, como mínimos y máximos por centro, oficinas de acompañamiento en la escolarización o límites a la matrícula viva. También es importante dotar a los centros de recursos para desarrollar las medidas de apoyo y acompañamiento adecuadas y suficientes para dar respuestas adaptadas a las necesidades de cada niño o niña. 

ELIMINACION DE CUOTAS

Desde la Alianza se defiende que la nueva ley debe asegurar la posibilidad real de elegir de todas las familias y hacerla compatible con la inclusión. Todos los centros educativos deben ser accesibles y asequibles a todas y todos los estudiantes, y en este momento eso no pasa, pues el cobro de cuotas hace de barrera. Hay centros donde se “invita” a las familias a optar por otro centro. Una parte ya lo es, pero es preciso que toda la escuela concertada sea corresponsable y para ello debemos asegurar que recibe los recursos suficientes y adecuados en función de la necesidad del alumnado que escolarice. A cambio, la ley tiene que incorporar medidas más contundentes para garantizar la gratuidad y la no discriminación en la admisión, controlando desde la inspección y endureciendo la sanción.

PLAN DE INCLUSIÓN Y CONTRA TODAS LAS FORMAS DE SEGREGACION

El Proyecto de Ley incorpora un plan a diez años para avanzar en la inclusión del alumnado con discapacidad. La Alianza considera necesario un Plan de Inclusión Educativa que vaya más allá de la discapacidad e incorpore a otros colectivos que también sufren segregación y exclusión en el sistema educativo, como alumnado gitano, de origen inmigrante o en situación de pobreza, en línea con la definición internacional de educación inclusiva, con indicadores, presupuesto y participación de la sociedad civil. 

LA VOZ DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

Por último, la Alianza apunta a que la ley adolece de garantes para escuchar la opinión de las niñas y los niños reconocidos en tratados internacionales como imperativos legales en España, estipulan que se escuchará y se considerará la opinión de las niñas y los niños, garantizando los apoyos necesarios para que las niñas y niños con discapacidad puedan expresarla en condiciones de igualdad. Todas niñas y los niños son titulares de todos los derechos humamos, en ese sentido se debe escuchar y considerar su opinión en las cuestiones que les afecten.

La Fundación Secretariado Gitano, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Save the Children España han creado la Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar para sumar fuerzas y denunciar la falta de oportunidades que genera la discriminación escolar en España.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja en programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. La organización atiende además a la infancia migrante y está centrada a proteger a los menores frente a la violencia. Save the Children quiere que todos los niños y niñas, independientemente de su condición o país de origen, puedan disfrutar plenamente de sus derechos y alcanzar el máximo de sus capacidades.

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