#NoPuedenEsperar: Save the Children pide que el primer Consejo de Ministros tramite la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

  • La ONG inicia una acción para visibilizar a los niños y niñas que sufren violencia y pide a Pedro Sánchez que cumpla su compromiso expresado tanto en la anterior legislatura como en el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos.
  • James Rhodes, víctima de abusos sexuales, apoya la acción con un llamamiento directo al presidente del Gobierno.

Madrid, 13 de enero de 2020. El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, que tendrá lugar mañana martes y que aspira a ser de “justicia social” –según el acuerdo de gobierno en coalición de PSOE y Unidas Podemos–, debe aprobar el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Así lo pide Save the Children, organización que lleva años trabajando para que esta norma sea tramitada y entre en vigor para proteger a los niños y las niñas que sufren acoso escolar, abusos sexuales o maltrato infantil.

Con el objetivo de incidir en el recién nombrado Gobierno de coalición e instar a que no demoren la aprobación del anteproyecto, Save the Children inicia hoy la acción #NoPuedenEsperar junto a víctimas de abusos, acoso y maltrato como el pianista James Rhodes.

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La organización ha mandado además a los miembros del nuevo Ejecutivo un mensaje a través de las redes sociales para que Pablo Iglesias, Pedro Sánchez o el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, empaticen con los niños y las niñas que han sido víctimas de violencia: “¿Imaginas haber sufrido acoso escolar, @PabloIglesias? En 2017 un niño llamado como tú se suicidó por ello. Te pedimos que la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia se trate en el primer Consejo de Ministros. Los menores víctimas de violencia #NoPuedenEsperar”.

El 28 de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros, también presidido por Pedro Sánchez, tramitó dicho anteproyecto, pero su aprobación no llegó a su fin como consecuencia del adelanto electoral. Dicho compromiso se ha renovado con el nuevo Ejecutivo. En el acuerdo recién firmado entre PSOE e Unidas Podemos, en el punto 2.6.1. del documento, ambas formaciones acordaron llevar al Parlamento la tramitación de la ley.

“Necesitamos la mayor diligencia posible para que su publicación en el BOE llegue en 2020. No hay razones para que no sea así: es un texto completo, que cuenta con el consenso entre partidos políticos, que pondría a España a la vanguardia en la protección de la infancia y la adolescencia y, sobre todo, que salvaría vidas”, asegura Andrés Conde, director general de Save the Children.

Cifras que no deberían aumentar más

En España 1 de cada 2 denuncias por violencia sexual tiene como víctima a un menor. Además, estas cifras son solo una muestra, ya que se estima que tan sólo un 15% de los casos son denunciados.

Según los datos con los que cuenta Save the Children, en 2019 al menos 15 niños y 9 niñas fueron asesinados o se suicidaron como consecuencia directa de la violencia en España.

Asimismo, la organización estima que más del 25% de los niños y las niñas en nuestro país ha sido víctima de alguna forma de maltrato por parte de personas adultas que debían cuidarles. En 2018 se interpusieron al menos 5.105 denuncias por malos tratos en el ámbito familiar en España y en 2017 se registraron 16.777 notificaciones de sospecha de maltrato en el Registro Unificado de Maltrato Infantil.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.