PGE 2022: Save the Children envía al Gobierno sus propuestas para garantizar la protección de la infancia

 

La organización pide una inversión de 155 millones de euros para prevención de la violencia y una nueva línea de ayudas de comedor de 425 millones de euros

Madrid, 17 de septiembre de 2021. Save the Children ha enviado al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 su propuesta para que los próximos Presupuestos Generales del Estado reflejen el compromiso del Gobierno con las necesidades de la infancia. La organización plantea medidas económicas concretas enfocadas a reducir la pobreza infantil y la violencia, así como mejorar la protección de los menores de origen extranjero y asegurar al menos una comida saludable al día a todos los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

“Si el año pasado los presupuestos de 2021 se planteaban como la gran oportunidad para una recuperación de la crisis causada por la Covid-19 que no dejase a nadie atrás, los Presupuestos Generales del Estado 2022 son la oportunidad de garantizar que la infancia vea atendidas las principales necesidades que la pandemia ha agudizado”, defiende Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.

Entre sus propuestas se encuentra la cantidad que se destinaría a la implementación de la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente la Violencia. A falta de una cuantificación exacta y partiendo del anteproyecto de 2018, Save the Children estima que el total aproximado de la implementación de la ley serían 451.660.122 euros, lo que requeriría que en los PGE 2022 se estableciese una partida de en torno a 155.304.112,72 euros. Según sus cálculos, la mayor inversión está en el sector educativo (51%) y de justicia (22%). 

Otro reto a afrontar es la pobreza energética, que alcanza a un 16,7% de los hogares (MITECO, dato 2019) y se eleva por encima de la media en las familias con niños y niñas, especialmente las monoparentales (hasta el 21,5%). Ante esta situación, Save the Children insta a realizar una reforma del bono social encaminada hacia la integración (eléctrico, térmico y gasista) y basada en un modelo de tarificación social, con descuentos proporcionados a las necesidades de consumo y niveles de ingreso de cada hogar, con consideración específica de la existencia de menores de edad en el hogar y personas dependientes como criterio prioritario. 

Asimismo, la organización pide la consolidación de la prohibición de los cortes de suministro más allá de la vigencia del escudo social y su aplicabilidad a todas las situaciones de vulnerabilidad, con atención específica a la presencia de niñas, niños y adolescentes en el hogar. Estas situaciones no quedan cubiertas actualmente bajo la figura de consumidor vulnerable, que determina el acceso a las actuales medidas de protección, incluido el anunciado Suministro Mínimo Vital, destinado a contrarrestar el alza de los precios de la energía.

En lo referido al ámbito educativo, Save the Children propone una nueva línea de ayudas de comedor de 425 millones de euros que, con la cofinanciación actual de las comunidades autónomas, garantice el acceso a comedor escolar gratuito a todos los niños y las niñas bajo el umbral de la pobreza, y que así España cumpla la recientemente aprobada Garantía Infantil Europea. 

El programa PROA+ de apoyo a colegios vulnerables es uno de los pocos programas educativos evaluados en España y que ha probado su éxito. Sin embargo, la inversión de 120 millones de euros para 2022 prevista en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia está muy lejos de lo que se necesita y de los ejemplos de referencia de otros países, según Save the Children. Por ello, en la línea de la enmienda ya aprobada por el Congreso de los Diputados para los PGE 2021, la organización considera necesario incrementar la financiación de este programa hasta los 300 millones de euros.

Por último, Save the Children plantea también medidas enfocadas a la protección de la infancia migrante y refugiada. Frente a los desafíos a los que se enfrentará esta parte de la población y sus familiares en los próximos años, es necesario recuperar un dispositivo que permita asignar los fondos destinados a programas de integración a las comunidades autónomas, como el pasado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración y el Fondo Estatal de Apoyo a la Integración. Para los próximos años, el Gobierno tiene intención de impulsar una Estrategia para la inclusión, que Save the Children estima que debería contar con un presupuesto total de 582.000.000 euros, divisible entre los años que dure el plan.

Según la organización de infancia, se necesita dotación presupuestaria adecuada para una Estrategia para la Infancia Migrante no Acompañada, que establezca mecanismos estables de derivación y traslado entre comunidades autónomas y un plan para el acompañamiento en la emancipación del colectivo y su inclusión.

“Este año queremos pasar del concepto ‘reconstruir mejor’ a ‘construir mejor hacia el futuro’. La infancia necesita nuevas medidas y nuevas estructuras que vayan más allá de la reconstrucción de una realidad precaria. Los derechos de la infancia necesitan una inversión contundente, y este es el momento”, concluye Perazzo. 

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de estos programas, proporciona una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
 

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