Save the Children exige al Gobierno mayores garantías para que no se ‘devuelva en caliente’ a niños, niñas y adolescentes migrantes

Madrid, 17 de noviembre de 2020. En vista del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, Save the Children recuerda el impacto vital de dicha práctica sobre la infancia y la adolescencia que busca protección en nuestro país y en Europa. Recientemente, la organización ha publicado un informe en el que denuncia el creciente uso de las devoluciones de niños y niñas en algunos de los países en los que opera, como los Balcanes, Italia y España. 

Save the Children manifiesta su preocupación ante esta política y exige que los rechazos en frontera no se realicen ante el riesgo de expulsar sin garantías a niños, niñas y adolescentes migrantes cuya edad es imposible determinar sin un adecuado sistema de identificación. La organización insiste en que esta práctica no vela por el interés superior del menor y pide al Gobierno que adopte un mecanismo de cribado inmediato tras la entrada al territorio para identificar perfiles susceptibles de protección, como los niños y las niñas, las personas solicitantes de asilo y las víctimas de trata.

Save the Children sostiene que todas las políticas públicas y migratorias deben tener un enfoque específico de infancia y que la actual normativa no responde a las necesidades específicas de los menores migrantes y refugiados. “A los obstáculos que se encuentran durante el viaje se suman los impuestos por Europa, que prioriza la seguridad de las fronteras sin tener en cuenta que son niños y niñas que necesitan de una protección específica y adecuada que tenga en cuenta su realidad”, asegura Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

Save the Children señala que España debería aprovechar la posibilidad de proporcionar un mayor nivel de protección respecto al marcado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de evitar que una persona migrante o refugiada sea expulsada de manera automática sin que se conozcan sus circunstancias personales o las razones por las que ha entrado en el país. 

“Los saltos a la valla de Ceuta o Melilla son reflejo del fracaso de España y de la Unión Europea en la gestión responsable y sostenible de las migraciones”, añade Perazzo. “Creemos que otra solución pasa por adoptar procedimientos trasfronterizos de valoración entre España y Marruecos para que los perfiles más vulnerables no tengan que jugarse la vida para solicitar protección y, en particular, para las familias con niños o niñas, las mujeres solas con hijos o hijas a cargo y la infancia que viaja sola”, apunta.

Save the Children cree que es necesario y posible gestionar las migraciones de manera responsable y sostenible, con un enfoque integral que garantice el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones y que aproveche las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino.

Por último, la organización pide contar con un adecuado sistema de visados que permita la planificación de las entradas al territorio, viajes seguros para las personas migrantes, planes de integración social y laboral que permitan aprovechar las sinergias con los recursos existentes para asegurar su eficiencia y acceso indiscriminado a los servicios para la población migrante, con sistemas de protección para los perfiles en situación más vulnerable que permitan su recuperación y estimulen su resiliencia. 

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.

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