Save the Children pide al Ministerio de Educación que la segregación social entre colegios se aborde en la reforma de la LOMCE

Madrid, 21 de noviembre de 2018. La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre, ha comparecido hoy en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados para presentar los datos y recomendaciones del informe Mézclate conmigo, elaborado por la ONG sobre segregación escolar socioeconómica en España.

“La separación del alumnado en escuelas distintas en función del nivel socioeconómico de sus familias perjudica el rendimiento educativo, genera repetición y abandono escolar y es profundamente ineficiente”, asegura Sastre. España es el sexto país de la Unión Europea con escuelas más segregadas, y uno de cada diez centros educativos es un ‘gueto’, según datos del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).

Save the Children ha pedido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que incorpore medidas concretas para abordar este problema en la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Entre ellas, la ONG pide que se cambie la normativa básica de admisión para identificar a niñas y niños en situación socioeconómica desfavorable como una categoría de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En consecuencia, las administraciones tendrán la obligación de distribuir de forma equilibrada a los estudiantes.

La organización también ha insistido hoy en la necesidad de reformar la normativa básica y el Reglamento de Conciertos, que regula cómo los centros privados se sostienen con fondos públicos para impartir los niveles de enseñanza obligatoria en régimen de gratuidad. Save the Children pide que se fijen máximos en las cuotas por actividades extraescolares y servicios complementarios, se endurezcan las sanciones cuando se producen cobros ilegales de cuotas y se vincule el acceso al régimen de conciertos a compromisos de inclusión en la escolarización con el fin de que se admita a un mínimo de niñas y niños desfavorecidos en cada centro. En consecuencia, se deberá garantizar estabilidad en el concierto y que la financiación sea suficiente y se adapte a las necesidades en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Además, Save the Children ha solicitado en su comparecencia en el Congreso que el Ministerio de Educación convoque la Conferencia Sectorial de Educación para, junto a las comunidades autónomas, debatir este tema y elaborar un plan estatal contra la segregación escolar, para la equidad y la inclusión en la escolarización.

“Si queremos que cada niño y cada niña tenga las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, si queremos que eso no dependa de la familia en la que haya nacido, debemos erradicar la segregación escolar socioeconómica en España. Es una cuestión de derecho a la educación, de eficiencia y eficacia, de igualdad de oportunidades y de cohesión social”, ha concluido Sastre.

Por último, la organización ha adelantado que va a remitir al Ministerio de Educación y Formación Profesional propuestas para la reforma educativa sobre lucha contra la segregación escolar y educación inclusiva, para garantizar la gratuidad de libros y material escolar reutilizable, para asegurar las becas como derecho subjetivo en todas las etapas y para transformar la Formación Profesional Básica (FPB) en un modelo de atención socioeducativa personalizada.   

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.