Save the Children pide que la Estrategia Integral para la Infancia no acompañada garantice que los niños y niñas migrantes no sean víctimas de las diferencias entre administraciones

Ceuta, 28 de julio de 2021- Casi dos meses y medio después del inicio de la crisis humanitaria en Ceuta, y en el marco de las negociaciones en torno a la nueva Estrategia Integral para la Infancia no acompañada, Save the Children ha tenido la oportunidad de trasladar a la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego, en un encuentro en Ceuta, sus principales peticiones para garantizar que se cumplan los derechos de los niños y niñas migrantes que llegan solos a nuestro país. La organización también se ha reunido con el Gobierno de Ceuta y otras autoridades locales.

“Es necesaria, más que nunca, una corresponsabilidad territorial para agilizar la derivación de los niños y las niñas a recursos de acogida en condiciones adecuadas y con profesionales especializados. En septiembre, deberíamos poder contar con una Estrategia consensuada para la protección de la infancia sola que llega a nuestro país”, señala Andrés Conde, director general de Save the Children. “Para que la inclusión de estos niños y niñas sea real, es necesario abordar también la reforma del reglamento de Extranjería, actualmente pendiente", añade.

La organización ha agradecido la propuesta realizada para la adopción de mecanismos estables de derivación, planes de contingencia y apoyo a los territorios fronterizos. Sin embargo, ha recordado la necesidad de reforzar con recursos económicos y humanos al sistema de protección de Ceuta para garantizar los derechos de los niños y niñas solos y la necesidad de agilizar los traslados a otras comunidades autónomas. 

Save the Children, en colaboración con la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGIA) de Ceuta, ha apoyado ya a 218 niños y 85 niñas que se encuentran en los espacios temporales de acogida realizando un análisis individualizado e identificando situaciones de vulnerabilidad. En el análisis de las 303 entrevistas realizadas, Save the Children advierte de que aproximadamente una cuarta parte de los niños y las niñas migrantes han sufrido violencia física, abusos o malos tratos en su país de origen y uno de cada seis menores entrevistados han padecido tortura o trato degradante antes de llegar a España.

“Conocer las necesidades que tienen los niños, las niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en Ceuta es fundamental para garantizar el cumplimiento de sus derechos y valorar sus necesidades de protección”, insiste Conde. El director general de Save the Children ha trasladado a Assiego la necesidad de plantear soluciones rápidas para que no permanezcan meses acogidos en recursos de emergencia. 

En otros territorios como Andalucía, Cataluña, Gran Canaria o la ciudad autónoma de Melilla, Save the Children también trabaja, en coordinación con otras organizaciones y administraciones públicas, atendiendo a la infancia migrante más vulnerable. Este año ya ha apoyado a cerca de 2.000 niños, niñas y adolescentes migrantes (Andalucía, 243; Cataluña, 100; Canarias, 744; Ceuta, 290; Melilla,400) a través de sus programas de Infancia en Movimiento. Además, la organización tiene proyectos en países de tránsito u origen como Mauritania o Senegal para velar por los derechos de los niños y las niñas que viajan solos, los que son víctimas de trata y los que huyen de la violencia o los conflictos armados.

Sobre Save the Children 

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
 

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