Save the Children reclama al nuevo Gobierno andaluz que gobierne para toda la infancia y garantice los derechos de niños y niñas sin excepción

  • La organización ha analizado el pacto de gobierno entre PP y VOX para gobernar Andalucía en los próximos cuatro años 
  • Muestra su preocupación por las medidas sobre migración, acceso a ayudas, justicia y cooperación internacional, y reclama que todas las políticas se evalúen desde el interés superior del niño y de la niña

Sevilla, 3 de julio de 2026 – Save the Children reclama al próximo Gobierno de Andalucía que sitúe a toda la infancia en el centro de su acción política y garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en la comunidad, independientemente de su origen, situación administrativa o modelo familiar.

La organización ha analizado el acuerdo de gobierno suscrito por PP y VOX, y destaca que la protección de la infancia apenas aparece de forma explícita en el documento, mientras que algunas de las medidas planteadas generan una especial preocupación por su posible impacto en los derechos de la infancia y adolescencia.

“Gobernar para Andalucía implica gobernar para toda su infancia. Todos los niños y niñas son sujetos de derecho y cualquier política pública que les afecte debe estar guiada por su interés superior, tal y como establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro ordenamiento jurídico. Estamos hablando de más de 1,4 millones de niños y niñas en nuestra comunidad, casi el 18% de la población andaluza”, señala Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

La organización observa con inquietud el contenido del apartado dedicado a inmigración, especialmente por el lenguaje utilizado para referirse a los niños y niñas migrantes que llegan solos a Andalucía. El acuerdo plantea su oposición a la acogida de niños y niñas sin referentes familiares, limita la creación de plazas de protección y vincula de forma reiterada la migración con problemas de seguridad, fraude o gasto público. 

Save the Children recuerda que los niños y niñas migrantes no pueden convertirse en el foco del rechazo a las políticas migratorias y advierte de que presentarlos como un problema puede aumentar su vulnerabilidad a la exclusión, la discriminación y los discursos de odio, así como aumentar la conflictividad social. Respecto a las propuestas sobre retornos de menores migrantes, Save the Children recuerda que el retorno puede llegar a ser una solución adecuada en determinados casos, pero únicamente cuando exista una valoración individualizada de cada niño o niña, se garantice su seguridad en su país y entorno de origen y se respeten en todo momento su interés superior y su voluntad. 

La organización también expresa su preocupación por las medidas que pretenden establecer una denominada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, prestaciones o vivienda pública. Save the Children subraya que ninguna consideración relacionada con el origen o la situación administrativa puede situarse por delante del interés superior del niño cuando están en juego derechos básicos de la infancia y el acceso a servicios esenciales. Y recuerda que la tasa de pobreza infantil severa es una de las más altas de España, situándose en el 12,5%.

En materia de familias, Save the Children considera positivo que el futuro Ejecutivo quiera reforzar las políticas de apoyo a la crianza y la atención temprana, pero lamenta que gran parte de las medidas se centren en la natalidad y en incentivos fiscales a los que no accederán muchas de las familias en situación de dificultad que no llegan a tributar y que además no aparezca como colectivo especialmente protegido el de las familias monomarentales, con una tasa de pobreza severa del 26%. 

La organización reclama que las políticas familiares incorporen una perspectiva de equidad, reconozcan la diversidad de modelos familiares y refuercen el apoyo económico a la crianza durante toda la infancia, especialmente para quienes más lo necesitan. Además, lamenta que el foco en la eficiencia de las ayudas públicas se ponga en el supuesto fraude, y no en combatir las barreras burocráticas, conocidas como non take-up, que es el elemento que realmente pone en riesgo la efectividad de las políticas sociales. Muchas familias con hijos a cargo no acceden a ayudas a las que tienen derecho por barreras burocráticas como la brecha digital, la complejidad del lenguaje o de la documentación requerida.

Otro de los puntos que generan preocupación para Save the Children es la intención de revisar o reducir partidas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo. En un contexto en el que millones de niños y niñas viven las consecuencias de conflictos armados, crisis climáticas y emergencias humanitarias, la cooperación internacional es una herramienta esencial para garantizar protección, educación, salud y oportunidades de futuro. 

La organización también echa en falta compromisos específicos en el ámbito de la justicia para fortalecer la protección de la infancia víctima de violencia. El acuerdo no incluye medidas sobre formación especializada de profesionales, puntos de encuentro familiar, oficinas de atención a víctimas o el desarrollo de modelos integrales como Barnahus, fundamentales para evitar la revictimización de niños y niñas. La implementación de este modelo ya se estaba impulsando en la legislatura anterior, por lo que es fundamental continuar en esta línea.

Save the Children reconoce que el acuerdo incorpora algunas medidas positivas para la infancia, como el refuerzo de la atención temprana, la mejora de la salud mental infantojuvenil, el incremento de apoyos educativos para alumnado con necesidades específicas o las actuaciones para climatizar centros educativos. Sin embargo, considera fundamental que estas iniciativas se desarrollen con una perspectiva de equidad que permita llegar especialmente a la infancia en situación de pobreza o exclusión social. 

Por ello, la organización se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía para ofrecer su colaboración con el objetivo de seguir impulsando políticas que reduzcan la pobreza infantil, garanticen la igualdad de oportunidades y protejan los derechos de todos los niños y niñas que viven en Andalucía. Y para poder dar continuidad a los logros conseguidos en anteriores legislaturas, como la aprobación y puesta en marcha del III Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía 2024-2027, la revisión y actualización de protocolos de detección y protección de la infancia frente a la violencia en diferentes ámbitos o el avance en la gratuidad de la educación 0-3 años.

“Con nuestra campaña ‘Veo, veo. ¿Me ves?’ reclamábamos en la pasada campaña electoral que la infancia fuera visible en la agenda política andaluza. Hoy insistimos en esa misma idea: el nuevo Gobierno debe gobernar para todos los niños y niñas de Andalucía. La infancia debe estar por encima de cualquier debate político y cualquier decisión pública debe garantizar sus derechos, sin excepciones, porque todos y todas merecen poder crecer y desarrollarse con las mismas oportunidades”, concluye Cuenca.