Ramala, 3 de abril de 2024 - Una semana después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato, y días después de que la Corte Internacional de Justicia dictara medidas provisionales adicionales en el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel, los Estados deben actuar urgentemente para garantizar su cumplimiento y prevenir crímenes atroces en Rafah a medida que se intensifican los ataques, advierten 13 organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
La semana pasada el Gobierno de Israel dejó clara su intención de ampliar las operaciones militares en Rafah con independencia de la resolución jurídicamente vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato. En la última semana, se ha visto cómo esta demanda se comenzaba a ignorar, con bombardeos israelíes que mataron al menos a 31 personas, entre ellas 14 niños y niñas, en Rafah los días 26 y 27 de marzo. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones que la incursión terrestre israelí prevista en Rafah promete diezmar la vida y la asistencia vital para los más de 1,3 millones de civiles, entre ellos al menos 610.000 niños y niñas.
No existe ningún plan de evacuación viable ni condiciones que protejan a la población civil si avanza una incursión terrestre. Para acatar la prohibición absoluta de traslado forzoso y deportación de civiles en virtud del derecho internacional humanitario, Israel está obligado a tomar "todas las medidas posibles" para proporcionar a los civiles evacuados las necesidades esenciales para la supervivencia y garantías de un regreso seguro y digno una vez finalizadas las hostilidades. Dichas medidas incluyen garantizar seguridad y protección adecuadas, refugio, agua, saneamiento, asistencia sanitaria y nutrición. A día de hoy, no existe ningún lugar así ni dentro ni fuera de la Franja de Gaza. El bombardeo israelí en la zona y los seis meses de hostilidades han dañado o destruido más del 60% de las viviendas y aniquilado la mayor parte de las infraestructuras del norte y centro de Gaza.
No hay ningún lugar seguro al que la gente pueda ir en Gaza. Las fuerzas israelíes han atacado repetidamente zonas que antes calificaban de "seguras". Los ataques aéreos israelíes en la denominada zona segura de Al-Mawasi y sus alrededores han causado la muerte de al menos 28 personas, y las fuerzas terrestres israelíes entraron y ocuparon previamente su parte norte. En toda la Franja de Gaza, incluso cuando las organizaciones humanitarias facilitan a las fuerzas israelíes las ubicaciones de las operaciones de ayuda y los miembros de su personal, estas zonas han seguido siendo objeto de ataques. Han muerto trabajadores humanitarios, convoyes de ayuda han sido objeto de fuego israelí y refugios y hospitales apoyados por la comunidad humanitaria están siendo dañados o destruidos bajo los bombardeos israelíes. Las nuevas propuestas del Gobierno israelí de obligar a la población civil a refugiarse en las denominadas "islas humanitarias" supondrían probablemente otra falsa pretensión de seguridad y, en lugar de ello, reducirían a los civiles a zonas pequeñas, confinadas y con escasos recursos, donde corren el riesgo de ser atacados, tanto si se encuentran dentro como fuera de estas "islas".
No hay ningún lugar en Gaza con acceso a asistencia y servicios suficientes para garantizar la supervivencia de la población. En la propia Rafah, los servicios e infraestructuras esenciales sólo funcionan parcialmente, incluidos hospitales, panaderías e instalaciones de agua y saneamiento desbordados. El centro y el norte de Gaza están diezmados, con sistemas, infraestructuras y barrios enteros borrados del mapa y restricciones continuas al acceso de las agencias humanitarias y la ayuda. Una nueva escalada de las operaciones militares israelíes en Rafah también tendría consecuencias catastróficas para una respuesta humanitaria ya paralizada en toda Gaza, con la mayor parte de la coordinación de la ayuda y las infraestructuras establecidas desde octubre de 2023 con base en Rafah.
Todos los Estados tienen la obligación de proteger a la población de los crímenes atroces. Los niños, las niñas y las familias de Rafah han estado viviendo en un estado constante de miedo y peligro. El Gobierno de Israel ha anunciado su intención de ampliar las operaciones militares allí y este riesgo se ha agravado aún más desde el 31 de marzo, cuando el gabinete de guerra de Israel aprobó planes de operaciones terrestres en la provincia más meridional. Aunque algunos Estados han expresado públicamente su desaprobación, las presiones y declaraciones diplomáticas internacionales han sido hasta ahora insuficientes para obtener resultados y evitar la incursión prevista. Sin embargo, existe un conjunto de medidas de protección a disposición de los Estados, que están obligados a respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como se ha demostrado anteriormente en otras crisis de protección de civiles.
Los Estados deben tomar ahora medidas urgentes para garantizar la aplicación inmediata de un alto el fuego permanente y explorar todas las opciones disponibles para proteger a la población civil, en consonancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto incluye detener inmediatamente la transferencia de armas y municiones cuando exista el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.
Organizaciones firmantes
1. Save the Children
2. Federación Internacional de Derechos Humanos
3. Amnistía Internacional
4. Médicos del Mundo/Médecins du Monde Francia, España y Suiza
5. ActionAid Internacional
6. Oxfam Internacional
7. Consejo Noruego para los Refugiados
8. Plan Internacional
9. Handicap International - Humanidad e Inclusión
10. Ayuda Médica para los Palestinos (MAP)
11. Comité Internacional de Rescate (IRC)
12. Consejo Danés para los Refugiados
13. Ayuda DanChurch