- El Real Decreto aprobado por el Gobierno establece solo tres secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia —en Madrid, Barcelona y Málaga—, cada una con una única plaza
- Save the Children exige al Gobierno una implantación más ambiciosa y coherente con la LOPIVI para garantizar el acceso equitativo a la justicia de toda la infancia y adolescencia víctima de violencia
Madrid, 3 de junio de 2025 – Save the Children expresa su profunda preocupación ante la reciente aprobación del Real Decreto que establece únicamente tres secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia en todo el territorio español. La organización considera que esta medida es claramente insuficiente para abordar de forma efectiva y especializada la judicialización de todas las formas de violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, como la violencia sexual, el maltrato o la violencia en el entorno digital.
“Entendemos que la implantación de estas secciones debe ser progresiva, pero comenzar con solo tres en todo el país es una respuesta muy por debajo de lo que exige la realidad y lo que prometía la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), de cuya aprobación se cumplen ahora cuatro años”, ha declarado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia en Save the Children.
Una respuesta insuficiente ante una realidad alarmante
En 2023 se registraron 65.382 denuncias por delitos contra niñas, niños y adolescentes en España, lo que supone un aumento del 71,2% desde 2010, un volumen de trabajo que desborda la capacidad de tres secciones. A esto se suma que no todos los casos acaban siendo denunciados, especialmente en casos de violencia sexual, lo que indica que los datos oficiales solo muestran la punta del iceberg. Naciones Unidas estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños en el mundo son víctimas de violencia sexual.
Las tres secciones anunciadas estarán ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga, poblaciones que en conjunto cubren solo el 10,5% de las niñas, niños y adolescentes del país. La mayoría de la infancia que pueda necesitar de protección quedará fuera de las secciones especializadas, siendo sus casos instruidos en secciones que no tienen enfoque de infancia. Además, cada sección contará con una única plaza judicial, sin tener en cuenta las diferencias poblacionales entre los territorios: mientras en Madrid viven más de 500.000 menores de edad, Málaga apenas supera los 100.000. En ninguna de estas secciones se prevé la especialización de plazas de fiscales.
La organización lamenta además que el Real Decreto no haya salido a consulta pública, expresando su preocupación por la falta de transparencia en un proceso clave para la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Una oportunidad para no repetir errores del pasado
“La experiencia con los juzgados de violencia sobre la mujer demuestra que una implantación ambiciosa desde el inicio es clave. Hoy existen 81 secciones exclusivas para violencia de género, frente a las 14 con las que se empezó. La LOPIVI y las secciones de violencia contra la infancia pueden incrementar la confianza en los procesos y la disposición a denunciar, como ha sucedido en materia de género, haciendo aflorar formas de violencia ocultas”, ha añadido Perazzo.
El modelo Barnahus, un recurso especializado de atención a niñas y niños víctimas de violencia sexual, desde su implantación en Tarragona desde 2020, también ha tenido este efecto: las notificaciones por delitos sexuales contra la infancia se han cuadruplicado desde su implementación.
El Real Decreto prevé revisar las cargas de trabajo de estas secciones a partir del 31 de diciembre de 2026, pero Save the Children advierte de que este plazo es demasiado largo y que la revisión debería incluir también a las secciones de instrucción ordinarias, donde seguirán tramitándose la mayoría de los casos. Las razones económicas tampoco suponen un impedimento para la creación de estas secciones. Según el propio Ministerio de Justicia, con esta reforma el coste de crear una nueva plaza judicial se ha reducido en un 78,5%, y las comunidades autónomas con competencias transferidas podrían ahorrar hasta 300 millones de euros en la próxima década.
Riesgo de desigualdad y falta de enfoque especializado
La organización también alerta sobre el riesgo de que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en secciones de violencia sobre la mujer, lo que podría suponer un trato desigual respecto a los niños, cuyos casos sí serían tratados en secciones especializadas. “Las niñas tienen necesidades específicas respecto a las mujeres adultas por su edad, desarrollo y relación con el agresor”, ha subrayado Perazzo. En este sentido, Save the Children insiste en la importancia de que estos casos los traten los juzgados de violencia contra la infancia, que deberán incorporar el enfoque de género dentro de la especialización de infancia. Save the Children insta al Gobierno a ser más ambicioso y coherente con el espíritu de la LOPIVI y a garantizar una justicia verdaderamente especializada, accesible y equitativa para todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 115 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.