Madrid, 1 de julio de 2026 – Save the Children hace balance del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, cuyo plazo para la presentación de solicitudes finalizó ayer, y destaca el impacto positivo que esta medida puede tener en la vida de miles de niños y niñas que ya forman parte de la sociedad española.
Desde el inicio del procedimiento, la organización ha acompañado a cerca de 700 personas, entre ellas más de 400 niños y niñas, proporcionando asesoramiento, apoyo en la recopilación de documentación, preparación de expedientes y presentación de solicitudes. Además, ha tramitado directamente la solicitud de regularización de 338 personas, de las cuales 197 son niños y niñas.
Cuando el Gobierno de España aprobó esta medida el pasado mes de abril, Save the Children ya señaló que la regularización extraordinaria supondría una mejora sustancial en las condiciones de vida de miles de menores que viven en España. Según un análisis de la organización, cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes de 19 años vivían en situación administrativa irregular en nuestro país, una realidad que condiciona su acceso a oportunidades y derechos, además de generar incertidumbre e inseguridad en muchas familias.
"Que niños y niñas que ya forman parte de nuestra sociedad pasen a una situación regular en el país es una responsabilidad para cualquier Estado de derecho. No solo implica mejorar sus condiciones de vida al permitir a sus progenitores acceder al empleo formal y lograr una mayor estabilidad laboral, sino que también garantiza el pleno disfrute de derechos sin obstáculos como la educación, la sanidad y la protección social", afirma Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.
La experiencia de acompañamiento desarrollada por la organización durante estos meses ha permitido constatar la especial vulnerabilidad de muchas de las familias beneficiarias y en particular de la difícil situación de las familias monomarentales, o de la infancia que depende de adultos que no han podido acogerse a la regularización. Entre las personas cuyas solicitudes fueron gestionadas directamente por Save the Children, más de la mitad eran personas menores de edad.
La organización también destaca que el acompañamiento ha ayudado a superar barreras económicas y administrativas que habitualmente dificultan el acceso a estos procedimientos, a través de apoyo documental, asesoramiento especializado y ayudas destinadas a gastos de documentación, certificados o traducciones juradas.
El reto ahora es la inclusión
Coincidiendo con el cierre del proceso de regularización, Save the Children valora positivamente la aprobación del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, que establece un marco para favorecer la inclusión social, educativa y laboral de las personas migrantes y en particular de las personas que a partir de ahora estarán con su situación regular. La organización celebra especialmente que el plan incluya medidas específicas para la infancia, y reconozca la desigualdad educativa como uno de los principales desafíos contemplando medidas como las tutorías personalizadas, el refuerzo lingüístico, la orientación educativa, el acompañamiento fuera del horario escolar y la lucha contra la segregación escolar.
Asimismo, considera positivas las medidas dirigidas a la juventud extutelada y los procesos de transición a la vida adulta, incluyendo iniciativas de mentoría y apoyo a la inserción laboral. También valora la futura creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana como una oportunidad para dotar de mayor coherencia y visión integral a las políticas migratorias, y confía en que incorporará actores especializados en infancia que aseguren el foco en niños y niñas.
Sin embargo, Save the Children considera que el plan podría haber reforzado su enfoque de infancia incorporando objetivos e indicadores específicos en todas las áreas de actuación para medir el impacto de las distintas medidas en los niños y niñas de origen migrante. La organización recuerda además la necesidad de contar con datos estadísticos que permitan conocer con mayor precisión la situación de la infancia migrante mediante datos desagregados por edad y país de origen. Finalmente, la organización espera que haya una repartición presupuestaria adecuada entre los distintos pilares del plan.
Tras el cierre del plazo de solicitudes, la prioridad pasa ahora por garantizar que los expedientes presentados culminen con éxito y que las familias puedan acceder plenamente a los derechos, servicios y oportunidades que la regularización pretende asegura.
“La regularización no debe ser el final de un proceso, sino el comienzo de una inclusión real que permita a todos los niños y niñas desarrollar su proyecto de vida con las mismas oportunidades y derechos”, añade Perazzo.