Un grupo de ONG pide nuevos recursos para salvar vidas y reducir el sufrimiento de las personas afectadas por la crisis venezolana

Los más de 700 millones de euros recaudados demuestran el compromiso de gobiernos y donantes para responder a la crisis migratoria y de refugiados en la región

Lima, 27 de mayo de 2020. El incremento de financiación anunciado ayer por gobiernos y donantes en el marco de la Conferencia internacional de donantes para Venezuela,  representa cerca del 50% del presupuesto regional solicitado para atender a la crisis de esta población. Esta recaudación es un paso fundamental para ayudar a más de 5 millones de personas migrantes y refugiadas procedentes de Venezuela que se encuentran en los países de la región en plena crisis del coronavirus. Así lo consideran siete organizaciones humanitarias (Care, Consejo Noruego para Refugiados – NRC, IPPF/RHO, Oxfam, Plan International, Save the Children y World Vision International) que forman parte de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en Latino América y el Caribe (Coalición LAC RMD). 
 
Estas organizaciones piden que los nuevos recursos lleguen de manera oportuna y eficaz a las personas más vulnerables, como los millones de migrantes y refugiados venezolanos, quienes viven una crisis dentro de otra crisis dado que se han quedado al margen de las respuestas al coronavirus ―viviendo en condiciones de hacinamiento, sin acceso a servicios de salud ni a bonos extraordinarios o subsidios de emergencia por desempleo.

Ante la crudeza de la pandemia, cerca de 50.000 migrantes venezolanos han retornado, muchos de ellos caminando a través de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Los nuevos recursos anunciados tienen que llegar a las manos de quienes más lo necesitan para aliviar su sufrimiento. Miles han perdido su trabajo, no tienen dinero suficiente para la comida, los medicamentos o el alquiler.

La Coalición LAC RMD considera que es vital que la nueva financiación de los donantes y la generosidad de los gobiernos se canalice con celeridad a través de organizaciones con presencia local y para los sectores de la población con mayores necesidades, así como expresan la necesidad de garantizar la participación de la sociedad civil en los espacios de coordinación y así mejorar el diálogo entre organizaciones.

Asimismo, la Coalición LAC RMD cree que el resultado de la Conferencia representa una oportunidad renovada para cientos de miles de migrantes venezolanos que permanecen sin ningún tipo documentación o estatuto legal en los países de la región, por lo que en su mayoría no tienen acceso a servicios básicos, ni garantías a sus derechos fundamentales como la educación y el trabajo digno. Esta ayuda sostenible es vital para apoyar a las personas migrantes, particularmente mujeres, niñas y niños, que corren riesgos de explotación sexual y laboral, tráfico de personas, violencia y xenofobia. 

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Actualmente hay 5.095.283 personas migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en los países de la región. Hasta finales del 2019, había 1.771.237 en Colombia.

Según la Organización Mundial de la Salud (22 de mayo 2020), los cuatro países de la región con mayor cantidad de migrantes irregulares y regulares venezolanos reportaban la siguiente situación epidemiológica: Brasil: 271,628 casos confirmados y 17,971 fallecidos; Perú: 99,483 casos confirmados y 2,914 fallecidos; Ecuador: 34,151 casos confirmados y 2,839 fallecidos; y Colombia: 16,935 casos confirmados y 640 fallecidos.

Las organizaciones que forman parte de la “Coalición de organizaciones de la sociedad civil para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en LAC (Coalición LAC RMD)” son: CARE, HIAS, IPPF/RHO, Consejo Noruego para Refugiados - NRC, Plan International, Oxfam, Save the Children, y World Vision International y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFCR). Estas organizaciones tienen programas de asistencia humanitaria para personas migrantes desplazadas, víctimas de conflictos armados y comunidades de acogida en Venezuela y zonas fronterizas y de difícil acceso en Colombia, Ecuador y Perú.