UN GRAN AVANCE EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, AUNQUE LA RMISA SIGUE CARECIENDO DE UN ENFOQUE ESPECÍFICO CONTRA POBREZA INFANTIL
Sevilla 21 de diciembre de 2022.- A falta de un análisis más profundo, Save the Children valora positivamente el Decreto-ley 14/2022 de modificación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA), aprobado recientemente por el Gobierno andaluz, ya que supone una primera actuación extraordinaria y de urgencia para atender a los importantes problemas de compatibilidad entre la RMISA y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que afectan a miles de familias andaluzas en riesgo de exclusión social. Se trata, por tanto, de un primer paso importante para reducir la pobreza infantil en la comunidad y que recoge una de las demandas históricas de las organizaciones sociales. No obstante, la ONG considera que el decreto puede ser mejorado desde una perspectiva de Garantía de Derechos de la Infancia más vulnerable.
En este sentido, la portavoz de Save the Children en Andalucía, Zoe Arcanio, considera que, a pesar de los esfuerzos de la Junta de Andalucía por aumentar en un 45% de media la cuantía de la RMISA para equipararla al IMV, esta ampliación sigue dejando fuera a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y que no están cubiertas por el IMV. “Para atender a esta necesidad es esencial aumentar la partida actualmente asignada a la prestación -que ha experimentado en los últimos años una constante reducción de fondos- a través de un incremento de recursos adecuados para llegar a todas las familias e infancias que la necesiten”, añade Arcanio.
Save the Children destaca la importancia de aumentar las cuantías de la RMISA para equipararse así a las del Ingreso Mínimo Vital. “Son aumentos esenciales y que corrigen la insuficiencia de la prestación autonómica en su diseño originario”. Las cuantías mínimas y máximas de la prestación se aumentan: se pasa de los 451 euros (cuantía mínima) para una persona sola los 533 euros, mientras la cuantía máxima pasa de los 839 euros actuales a los 1.173 euros. Esta cuantía básica aumenta un 30% por cada integrante más de la unidad familiar (antes era solo el 10%) y tendrá también un complemento del 22% más en el caso de una familia monoparental y para aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. Este aumento no tiene en cuenta si el integrante de la unidad familiar es un niño, niña o adolescente.
Sin embargo, la ONG considera que hay una serie de mejoras que deberían ser incorporadas a la modificación del decreto. Por otro lado, en esta reforma se echa en falta una perspectiva de infancia, que se evidencia en dos cuestiones: la falta de un complemento específico para crianza, y la no consideración de la edad en el cómputo de los miembros adicionales a la unidad familiar. Ambas cuestiones dificultan dar respuesta a las necesidades específicas de las familias con hijos e hijas a cargo, así como los costes de la crianza.
Apreciamos el esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía de atender a una situación de urgencia con este decreto. Pero lamentamos que la RMISA quede a expensa de los recursos disponibles, siendo concedida por orden de llegada y hasta el agotamiento de los recursos destinados a esta finalidad. “Esperamos que, en su carácter originario de derecho subjetivo, implique los correspondientes aumentos presupuestarios para cubrir las necesidades de todas las familias en situación de pobreza”, afirma Arcanio.
A su vez, la ONG insiste en la necesidad de promover la complementariedad entre la RMISA y el IMV de forma que el sistema en conjunto alcance a cubrir las distintas situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, Save the Children subraya la necesidad de incluir a las personas migrantes en situación de irregularidad como susceptibles de recibir esta renta, limitando los requisitos en este sentido al empadronamiento, como ya ocurre con otras rentas autonómicas, ya que, tal y como está planteada actualmente, se está dejando fuera de esta ayuda niños y niñas en situación de gran vulnerabilidad.
Andalucía, a la cabeza en pobreza infantil en España
La introducción del Ingreso Mínimo Vital en nuestro sistema de prestaciones sociales y sus sucesivas modificaciones (la última en septiembre del 2022) representa un avance en la lucha contra la pobreza severa y la exclusión social, con todas sus limitaciones y posibles mejoras, pero, por otro lado, impone un cambio sustancial de las rentas mínimas de inserción de carácter autonómico.
Desde Save the Children, desde su puesta en marcha, hemos destacado la necesidad de adaptar el marco normativo de la prestación autonómica a la nueva situación y a la existencia de la prestación de carácter estatal, considerando esta necesidad como una oportunidad para dotarnos de herramientas más eficaces en la lucha en contra de la pobreza infantil y de la creciente vulnerabilidad de los hogares andaluces. “Es fundamental destacar que Andalucía presenta peores indicadores de vulnerabilidad y de pobreza infantil con respecto al conjunto del país, exigiendo por esto un mayor esfuerzo de nuestras instituciones para reducirlos y acercarnos a las indicaciones y a los objetivos de las instituciones internacionales en materia de exclusión social, desigualdad y pobreza infantil”, indica Arcanio.
Con la nueva definición del indicador AROPE (Estrategia Europa 2030) las cifras de pobreza infantil en Andalucía son alarmantes: el 33,7% de las personas menores de 18 años de la comunidad – el 36,9% de las niñas y el 30,8% de los niños- se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021 (umbral de pobreza relativa de Andalucía).
Es por ello que, “siendo conscientes de la función de urgencia del decreto, es esencial que se incluya una perspectiva de infancia en la reforma, para que el sistema de protección social andaluz sea eficaz y efectivo en la lucha contra los números que realmente deben importarnos: los números de la pobreza infantil en Andalucía”, concluye Arcanio.