Atrapados

El Triángulo Norte Centroamericano (TNCA) enfrenta una crisis humanitaria en la que el ejercicio de la violencia presenta formas territorializadas y organizadas, así como consecuencias para la población civil, propias de un conflicto armado. En términos generales, el TNCA se sitúa como una de las regiones más violentas e inseguras del mundo. Honduras, Guatemala y El Salvador se ubican entre los 10 países del mundo con un mayor índice de muertes por homicidio por cada 100.000 habitantes. 

Las maras y las pandillas representan actualmente verdaderos ejércitos delincuenciales que reclutan niños, niñas y adolescentes. Se estima que el número de los miembros de las maras equivale al 83% del total de efectivos armados en los ejércitos o el 89% de la policía de la región. Algunas de ellas tienen vínculos con organizaciones criminales transnacionales de tráfico de drogas, armas y personas, así como con la institucionalidad política, aunque en formas y grados muy variables según el país y la mara. 

Maras y pandillas ejercen control territorial violento sobre los espacios de vida y desarrollo de la infancia, a través de la ocupación y la amenaza, en colonias o barrios donde se operan frecuentemente diferentes grupos rivales. Consecuencia de este control es una restricción permanente de la libre circulación de los niños, que impide a su vez el acceso a derechos como la salud y la alimentación. Los niños se enfrentan a fronteras intransitables en el interior de los barrios, toques de queda y horarios, y ven como incluso los espacios de recreación son ocupados por estos grupos y se convierten en escenarios de homicidios y masacres.

Especialmente amenazado por este control territorial es el espacio escolar, donde se reproduce el clima de inseguridad, afectando negativamente al proceso educativo. Los miembros de los grupos se infiltran en los colegios, donde extorsionan a estudiantes y docentes, reclutan niños, niñas y adolescentes, venden droga y ejercen actividades de vigilancia y control. Las amenazas y la violencia están disparando las tasas de absentismo, deserción escolar e interrupción de la prestación del servicio educativo. En El Salvador 215 niños y niñas abandonaron la escuela cada día en el año 2015. Los datos de homicidios en docentes y estudiantes ilustran la violencia que sufre la comunidad educativa, mientras que el cierre y militarización de escuelas es un fenómeno extendido en los tres países. 
 

De la violencia estructural a la violencia estructurada

En el TNCA se ha dado un salto cualitativo de la violencia estructural a la estructurada, ejercida por estos grupos delincuenciales. Los niños niñas y adolescentes son doblemente vulnerables: los que son más vulnerables por situaciones estructurales en la región, como la mortalidad infantil, la desnutrición o la desestructuración de los hogares, están más expuestos al reclutamiento y la violencia de estos grupos. Según la evidencia recolectada en Honduras y en El Salvador, los niños, a partir de los 8 años, participan, en buena medida coaccionados o forzados, en actividades de apoyo a las bandas criminales: vigilancia, información, cobro de extorsión, tráfico y venta de droga, robos, extorsiones y acciones violentas. Las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual y de género. 

Cuando la violencia no acaba con sus vidas, genera un gran sufrimiento en niños, niñas y adolescentes, que son estigmatizados, confinados, desplazados o se ven obligados a migrar a otros países. A los niños niñas y adolescentes y sus familias se les presentan dos opciones: cooperar en la instauración y reproducción del orden social impuesto por las maras y su esquema de autoridad, o emprender el desplazamiento forzado interno o internacional. Las consecuencias de las OSV están siendo tan devastadoras y letales para la población civil como las de un conflicto armado.

Crisis humanitaria de protección 

Las Otras Situaciones de Violencia están generando una auténtica crisis humanitaria de protección de niños niñas y adolescentes. La afectación más grave de esta crisis reside en el asesinato de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que en los tres países alcanza niveles que superan los de conflictos declarados. En 2015 en Honduras los homicidios representaron el 52.5% del total de muertes por causa externa de niños y niñas. En El Salvador 517 personas menores de 17 años perdieron la vida de enero a septiembre de 2016, lo que equivale a una muerte cada doce horas, la mayoría por arma de fuego. En Guatemala en la última década han muerto violentamente un promedio anual de 477 NNA y el 86% de éstos debido a heridas por armas de fuego. Pero los niños y niñas también son expuestos a ser víctimas de trata y tráfico de personas, violencia sexual y desaparición. En Guatemala, la trata y tráfico de niños y niñas alcanza niveles dramáticos, con un 90% de las víctimas menores de 18 años. 

En los tres países se reproduce además el estigma de que niños y niñas pobres están condicionados a la delincuencia y vinculados al aumento de la inseguridad ciudadana. Se han incrementado el número de detenciones arbitrarias de adolescentes en base a su apariencia y a la creencia que puedan pertenecer a una mara o a una agrupación criminal, sin que existan evidencias de la comisión de un delito. 

Crisis de confinamiento

En las zonas controladas por maras y pandillas la situación de violencia tiene como consecuencia directa la restricción de movimientos y el confinamiento. Salir de casa y disfrutar del espacio público y de convivencia se ha convertido en estas colonias en una actividad de alto riesgo, especialmente para la población infantil y juvenil por lo que, en algunos casos, ni siquiera salen de casa para acudir a la escuela y permanecen desescolarizados. Los suicidios son otro aspecto directamente asociado con el fenómeno de la violencia, pero que no está suficientemente visibilizado como tal. 

Crisis de desplazamiento

Una de los efectos humanitarios más graves de la violencia generalizada lo constituye el desplazamiento forzado de niños niñas y adolescentes. En muchos casos, las mismas bandas criminales obligan a personas o grupos familiares a abandonar la colonia mediante la amenaza directa. En otras ocasiones, son las propias familias las que deciden huir de una situación de violencia y extorsión. En Honduras se estimaron oficialmente en 2015 al menos 174 mil personas desplazadas, de las cuales 78 mil (un 43%) son personas de 0 a 17 años. El desplazamiento incrementa la descolarización y los traslados entre centros educativos, la pérdida del hogar y, en muchos casos, el trabajo infantil para que la familia pueda hacer frente al impacto económico derivado del desplazamiento. 

Crisis migratoria

Huyendo de la violencia y la inseguridad las familias también cruzan las fronteras nacionales, convirtiéndose en migrantes, y en muchas ocasiones los niños, niñas y adolescentes lo hacen solos, poniéndose en manos de redes de tráfico de personas. En 2014 se declaró una alerta humanitaria debido a la crisis migratoria de menores no acompañados en la región: 69.000 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en las zonas fronterizas de EEUU, 40.000 en 2015. Durante la travesía migratoria, muchos niños y niñas se exponen a riesgos de abandono, abuso, explotación laboral y sexual, trata, así como a violaciones de sus derechos básicos a la salud, nutrición, educación e identidad. Los más recientes estudios de ACNUR concluyen que el 59,5% de los niños, niñas y adolescentes deportados de Honduras huyen de la violencia e inseguridad, así como un 40% de El Salvador y el 33,3% de Guatemala. 

Esta crisis humanitaria necesita una estrategia de respuesta que permita abordar la situación de violencia contra la infancia y la adolescencia de forma integral, integrada, universal y tomando como prioridad el interés superior del niño, desde una perspectiva que incluya los enfoques humanitarios y de desarrollo.
 

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