El difícil camino de un niño hacia la justicia

La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar

27 Septiembre 2012

Cuando a Almudena, de 5 años, le piden que represente lo vivido frente a cuatro adultos desconocidos se paraliza y renuncia a continuar el relato, tapándose el rostro con un abrigo. Este gesto y una forma muy madura de expresarse para su edad son interpretados por el juez y la fiscal como un indicador de falta de credibilidad de su testimonio y acuerdan el sobreseimiento de la causa porque la niña “no es nada creíble' y los indicios no son suficientes para probar el abuso sexual. En el mismo auto, el juez deniega la práctica de pruebas por innecesarias. Contra este auto, la madre interpone un recurso de apelación que actualmente está pendiente de resolución.

El extracto del testimonio aparece recogido en el informe La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar en el que, a partir del análisis de casos concretos y de autos de Audiencias Provinciales, hemos reconstruido el camino judicial que un niño o niña y su representante legal tienen que seguir en España para lograr protección y justicia en casos de abuso sexual infantil.

En los casos analizados se pone de manifiesto que, ante la dificultad de acreditar los hechos en estos casos, debido entre otras razones a la corta edad de las víctimas, la Administración de Justicia tiende a archivar las causas sin investigar suficiente y diligentemente los casos, dejándolas en graves situaciones de desprotección y riesgo. Muchas veces se pone en duda la credibilidad de la víctima por su corta edad, o incluso, tras una prueba pericial, se archiva la causa por no poder obtener la información suficiente del niño o niña.

La Administración de Justicia tiende a archivar las causas sin investigar suficiente y diligentemente los casos, dejando a los niños y las niñas en graves situaciones de desprotección y riesgo".

Para Yolanda Román, Responsable de Incidencia Política, “la temprana edad debería ser un incentivo para esclarecer los hechos, no un impedimento añadido.” No se puede exigir a un niño que se exprese como un adulto para poder probar los hechos que relata, lo que es exigible es que el Estado ponga en marcha todos los medios y las máximas cautelas para esclarecer los hechos y proteger al niño, pero lo que hemos visto es que ante la dificultad de probar hechos tan graves, los jueces prefieren archivar las causas.

Deficiencias en el sistema

El informe ha detectado una barrera de partida: ni el niño o niña ni el progenitor que denuncia resultan creíbles para los jueces, fiscales y abogados, que suelen alegar falta de credibilidad de las víctimas o que éstas están manipuladas.

Es llamativa además la falta de especialización de los profesionales que intervienen en los procesos judiciales de casos de abuso sexual infantil. Ni los jueces de instrucción, ni los fiscales, ni los abogados de oficio ni los equipos psicosociales o forenses de los juzgados que intervienen en el proceso tienen la obligación de especializarse. Esta falta de formación puede tener un gran impacto a la hora de impulsar la investigación, valorar adecuadamente las pruebas y, por tanto, decidir sobre el archivo de la causa.

Resultan preocupantes las deficiencias detectadas en todos los casos a la hora de determinar el interés superior del niño o niña y la falta de rapidez en los procesos. Además, en el ámbito civil se toman medidas sobre guarda y custodia y régimen de visitas, a veces cuando está abierto el proceso penal por los presuntos abusos sexuales, sin tener en cuenta los posibles abusos o riesgos para los niños.

Resultan preocupantes las deficiencias detectadas en todos los casos a la hora de determinar el interés superior del niño o niña y la falta de rapidez en los procesos".

En el informe reclamamos, entre otras, la puesta en marcha de las siguientes recomendaciones:

  • Aprobar una normativa que reconozca y promueva de manera expresa los derechos de los niños y niñas en los procesos judiciales.
  • Asegurar la adecuada preparación y especialización de profesionales y metodologías adecuados.
  • Garantizar asesoramiento e información especializada a los representantes legales de los niños y niñas que denuncien un caso de abuso infantil.
  • Garantizar que no se repitan las agresiones a través de medidas de protección judicial.
  • Garantizar la máxima prioridad en la investigación judicial de estos delitos.

Muchas de estas recomendaciones están incluidas en la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, que la Unión Europea aprobó a finales de 2011 y que todos los Estados miembros deben poner en marcha antes de finales de 2013.

Descarga el informe La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar

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