Informe

Barnahus:
bajo el mismo techo

Informe: Barnahus, bajo el mismo techo

  

Un recurso para proteger a niños y niñas víctimas de la violencia en la Comunidad de Madrid

La violencia que se ejerce contra los niños y las niñas es tan inaceptable como evitable. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño hace referencia a las distintas formas de violencia, cómo actuar ante ellas y quién tiene el deber de hacerlo. Son los Estados los que tienen que asegurar que las personas y los sistemas de protección respeten los derechos de los niños y respondan a su interés superior.

La violencia sexual es una de las formas más graves y que peores consecuencias tiene en la vida y desarrollo de los niños y las niñas que la sufren. Se trata de una violencia invisible, aun cuando la mitad de los delitos de violencia sexual que suceden en España tienen como víctimas a niños y niñas.

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En la Comunidad de Madrid existen protocolos de identificación y denuncia, así como recursos para atender a las personas menores de edad que han sufrido violencia sexual. Sin embargo, estos son insuficientes, no funcionan ni eficiente ni eficazmente, crean duplicidades y no protegen de manera integral a los niños y las niñas víctimas de esta violencia.

En Save the Children tenemos el convencimiento de que es posible acabar con la violencia contra la infancia. Sin embargo, y hasta que eso ocurra, reclamamos que se puede y se debe mejorar el proceso de protección y atención a los niños y las niñas que la sufren. 

Por eso, debemos impulsar el modelo islandés Barnahus o ‘Casa de los niños’ en la Comunidad de Madrid, un espacio amigable para la infancia en el que se encuentren integrados, y bajo el mismo techo, los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales para, de manera coordinada e integrada, atender desde lo social y lo judicial a los niños y las niñas víctimas de violencia sexual.

Se trata de un modelo que, de manera eficaz y eficiente, es capaz de actuar teniendo en cuenta el interés superior del niño y todas las garantías de un proceso judicial, tal y como exige la Convención sobre los Derechos del Niño.

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