FIRMA para acabar con LAs graves cifras de la POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA

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Una realidad que congela el futuro de España

España está a la cola de Europa en pobreza infantil. Son cifras que avergüenzan. La pandemia y la elevada inflación no han hecho más que agravar la situación. 

Un 28,9% de los menores de 18 años en España está en situación de pobreza, un punto y medio por encima del año anterior. En total, el número de niños y niñas en situación de pobreza en 2021 se elevó a más de 2.379.000. Los números de pobreza infantil superan a los de la pobreza general del país. 

Esto se traduce en situaciones donde la calidad de vida de los niños y niñas se ve profundamente afectada. Más de un millón de niños y niñas viven en familias que nunca o casi nunca pueden mantener una temperatura adecuada en sus viviendas. Una alimentación saludable es básica para el adecuado crecimiento de niños y niñas, pero uno de cada tres niños y niñas en España no puede tomar fruta fresca o verdura al menos una vez al día.

La mitad de los niños que se encuentran en pobreza severa no se benefician del Ingreso Mínimo Vital. El acceso de las familias a la protección social es clave para aliviar su situación de pobreza y exclusión social por ello es fundamental superar los obstáculos administrativos que dificultan el acceso de las familias que cumplen los requisitos a las prestaciones. 

No es normal que España esté a la cabeza de Europa en pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía. No es normal que en este país haya niños que no puedan ir al dentista, ni comer frutas y verduras, ni ponerse gafas. Son cifras que nos tocan y que nos avergüenzan. Este es el momento clave para cambiar esta situación, porque se están debatiendo leyes que afectan a las familias y porque tenemos la obligación de invertir bien los fondos europeos que recibe España. Nos negamos a abandonar a nuestros niños y niñas a su suerte.

Firma para que ningún niño o niña malviva en España 

FIRMA LA PETICIÓN

Esta es la petición que vas a firmar

Destinatario:  Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España

 

Como bien sabe, la pobreza infantil es una de los principales problemas de nuestro país.

La Garantía Infantil Europea, cuyo Plan de Acción estatal usted presentó en julio de 2022, busca asegurar el acceso a servicios fundamentales y brindar el apoyo económico a la infancia necesario para lograr acabar con esta problemática, que es especialmente preocupante en España, segundo país de la Unión Europea con peores cifras, solo superado por Rumanía.

Abordar esta anomalía ha de ser declarada una emergencia nacional. Para ello, insto a su Gobierno a que tenga en consideración las siguientes ocho medidas:

  • Implementar una nueva ayuda estatal a la crianza de al menos 100 euros mensuales que, desde los 0 a los 17 años y concedida de forma universal (con una deducción fiscal reembolsable universal por hijo/a.) alcance a un mayor número de familias más allá de los niveles actuales. La inversión necesaria para esta medida estima 5.600 millones de €.
  • Garantizar legalmente el derecho a una plaza asequible de educación infantil de 0 a 3 años para quien lo solicite, como ya existe a partir de los 3 años. 
  • Extender la oferta de apoyo y refuerzo educativo (tutorías) en grupos pequeños y escuelas de verano, como condición y derecho para alumnado que promociona con materias pendientes y para aquel en situación socialmente vulnerable.
  • Garantizar una plaza de comedor escolar gratuita a cada niña y niño en situación de pobreza, de forma que puedan acceder a al menos una comida adecuada al día, sin que la gran subida del precio de los alimentos perjudique su alimentación.
  • Ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social y consideración de la presencia de niños, niñas y adolescentes como elemento prioritario para el acceso a vivienda social.
  • Avanzar en la protección contra los desahucios de familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, obligando a la actuación de los servicios sociales y resto de actores competentes para determinar la vulnerabilidad social o económica de las personas afectadas y, una vez confirmada, obligar a los tribunales a suspender los desahucios.
  • Reformar el bono social hacia la integración (eléctrico, térmico y gasista) y acercándolo a todas las familias con menores niveles de ingreso a través de un modelo de tarificación social menos complejo administrativamente.
  • Prohibir los cortes de suministro en todas las situaciones de vulnerabilidad (más allá del actual ‘consumidor en riesgo de exclusión social’) y con atención específica a la presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar.