Acabemos con el matrimonio infantil
El pasado 16 de noviembre la Tercera Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso una resolución titulada “Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado” (CEFM, por sus siglas en inglés) en el título Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia, lo que contribuye a acelerar las medidas para integrar las consideraciones del matrimonio infantil, precoz y forzado en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Esta resolución reconoce los riesgos que entrañan las medidas de contención, como el cierre prolongado de escuelas, para las niñas y adolescentes. Por ejemplo, dejar de ir al colegio puede suponer para muchas de ellas sufrir violencia sexual y de género, incluidas las prácticas nocivas del matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina o la proporción desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Por supuesto, a ello hay que sumar el propio riesgo asociado de no volver a la escuela y abandonar la educación de manera permanente y que estos riesgos son aún más pronunciados en las situaciones humanitarias
La resolución aprobada también incluye el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de que se ha producido un retroceso en los progresos logrados con tanto esfuerzo a lo largo de los años, tal y como venimos meses advirtiendo desde Save the Children. De hecho, la resolución destaca que, por culpa de la pandemia, pueden tener lugar 13 millones de casos adicionales de matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030; matrimonios que, de otro modo, se habrían evitado
Por otro lado, la resolución también pide a los Estados Miembro a que promuevan la participación efectiva y significativa de los niños y las niñas en las decisiones que les afectan, dando prioridad a la prestación de servicios centrados en la infancia y la adolescencia como el acceso equitativo a la escolarización, los programas de nutrición, la inmunización, la atención materna y neonatal y los programas de protección de la infancia.
Del mismo modo, la resolución insta a los diferentes países a que mitiguen el impacto de las crisis económicas mediante programas de protección social que tengan en cuenta el género, para proteger de manera específica a las niñas y las mujeres. Es fundamental que los Estados Miembro refuercen los servicios de protección y apoyo para las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual y de género, incluida la violencia en el hogar, mientras dure la pandemia.
En este sentido, la resolución solicita la designación de refugios de protección, líneas telefónicas de urgencia y servicios de asistencia, servicios de salud y apoyo y protección y apoyo jurídicos como servicios esenciales a disposición de todas las mujeres y niñas, además de establecer medidas de salvaguardia y de sensibilización e impartir capacitación a la policía, jueces, las personas trabajadoras en primera línea, personal de la salud y el personal de educación y servicios infantiles. Además, se pide a los Estados Miembro que garanticen el acceso ininterrumpido a los servicios esenciales de atención de la salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y la financiación de dichos servicios.
Todas estas disposiciones reflejan las recomendaciones que formulamos en nuestro informe sobre la situación mundial de la infancia y también nuestra labor de concienciación para poner fin a la violencia de género en el contexto de la COVID-19, como reflejamos en nuestra campaña "Protejamos a una generación”.
Aunque sin duda esta resolución es un gran paso para visibilizar los riesgos a los que están expuestos las niñas y lograr identificar y poner freno a la violencia y discriminación que sufren de forma sistemática, es importante difundir ampliamente la resolución y utilizarla como herramienta para presionar a los gobiernos para que realmente todas estas recomendaciones se lleven a cabo. En un contexto global marcado por la pandemia, es fundamental que los Estados Miembro adopten medidas urgentes para poner fin a la violencia de género durante la Covid-19, incluyendo la garantía de un retorno seguro de las niñas a la escuela; la lucha por la protección continua y la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. Solo así podremos proteger a las niñas y las adolescentes de las violencias que las afectan.
Claudia Guidarini
Técnica de Género de Programas Internacionales de Save the Children