Las denuncias por abusos sexuales digitales contra niños y niñas aumentan un 13% en dos años en el conjunto del Estado

  • Save the Children presenta un nuevo análisis de sentencias judiciales a nivel estatal sobre abusos sexuales a niños y a niñas a través de Internet, conocidos como online grooming.  
  • Las denuncias por delitos sexuales digitales en el Estado contra niños y niñas crecen de 954 en 2022 a 1.078 en 2024. Las chicas siguen siendo las principales víctimas, representando el 68,6% de los casos.  
  • En Euskadi, según datos de la Ertzaintza, se produjeron 55 denuncias por delitos de este tipo, siendo niñas 8 de cada 10 víctimas.  

Informe: Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital

Recursos para medios: Declaraciones Catalina Perazzo  - directora de Influencia y Desarrollo Territorial

Bilbao, 29 de enero de 2026.  Save the Children recuerda que, en los últimos años, Internet no solo se ha convertido en un nuevo canal para ejercer la violencia, sino que también ha dado lugar a nuevas formas de violencia propias del entorno digital. Niños y niñas en Euskadi comienzan a relacionarse través de la red cada vez más temprano a: casi el 81,5% utiliza Internet de manera habitual desde los 11 años (superando la media estatal del 58%), y más del 2 de cada 4 lo utiliza de manera habitual antes de cumplir los 10 años. La presencia digital forma ya parte de su vida cotidiana, convirtiéndose en un espacio de socialización, ocio y aprendizaje, pero también en un entorno de riesgo cuando no existen mecanismos adecuados de protección.  

En este contexto, Save the Children presenta hoy un nuevo análisis, ‘Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital’ basado en el estudio de 23 sentencias correspondientes a 28 casos de online grooming ocurridos en el periodo 2023-2024 en España. Todos ellos judicializados y con resolución, que reflejan solo una pequeña parte de los casos de violencia que se producen en el ámbito digital.  

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron 954 denuncias por delitos sexuales digitales contra niños y niñas, cifra que ha aumentado hasta las 1.078 denuncias en 2024. Además, las chicas siguen siendo las principales víctimas, representando el 68,6% de los casos, y estos delitos suponen ya el 84,2% del total de la criminalidad sexual en Internet. En Euskadi, desde 2022, se han registrado 159 delitos sexuales vinculados al ámbito digital.  

La Ertzaintza registró en 2024 un total de 395 denuncias por delitos cometidos en el entorno digital (amenazas, coacciones, acoso sexual, estafas, extorsión...) contra niñas, niños y adolescentes. De ellos, el 14% (55 casos) corresponden a denuncias por delitos contra los abusos sexuales a través de Internet, dejando al descubierto una profunda brecha de género: 8 de cada 10 víctimas son niñas o adolescentes.

“Las denuncias están empezando a visibilizar una problemática que hasta hace muy poco era desconocida e invisible. Al mismo tiempo, confirma que la violencia sexual sigue siendo una lacra que se expande por múltiples espacios del entorno digital, un ámbito donde niños y niñas siguen expuestos sin saber realmente quién puede estar tras la pantalla”, señala Charo Arranz, directora de la sede de Save the Children en Euskadi.

El estudio confirma que la edad media de las víctimas en el Estado es de 13 años. El agresor responde mayoritariamente al perfil de hombre sin antecedentes penales. En cuanto a la relación con la víctima, el informe identifica que el 41,7% de los agresores pertenece al entorno conocido, el 33,3% son personas desconocidas, y el 25% corresponde al ámbito familiar, un porcentaje significativamente superior al 3,3% observado en el análisis de 2021-2022.  

Save the Children muestra su preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en los casos de violencia sexual digital contra la infancia y la adolescencia. En el periodo analizado, más del 60% de los casos duran tres años o más y un 14% supera los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara más de dos veces antes del juicio, lo que incrementa el riesgo de revictimización. Aunque ha aumentado el uso de la grabación del testimonio, todavía no se aplica de forma sistemática. En Euskadi, la mayoría de los procesos se extiende más allá de los 2 años, como se analizó en el informe ‘Por una justicia a la altura de la infancia’, mediante las sentencias analizadas desde 2019.

“Obligar a un niño o niña a repetir su caso una y otra vez supone revivir el daño. El artículo 499 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14 años, una protección que debería ampliarse hasta alcanzar la mayoría de edad. El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien”, afirma Arranz.

Los abusos sexuales contra la infancia en el entorno digital  

El online grooming es un delito que se produce cuando una persona adulta contacta con una niña, niño o adolescentes a través de Internet, redes sociales, videojuegos u otras plataformas digitales con el objetivo de involucrarles en actividades de carácter sexual. Se trata de una forma de abuso sexual infantil a través de las tecnologías que, al igual que sucede en el abuso sexual físico, se basa principalmente en el engaño, la manipulación y el establecimiento de una falsa relación de confianza.  

Estos delitos pueden tener como finalidad la obtención de imágenes o vídeos de contenido sexual, la realización de actos sexuales en el entorno digital o la preparación de encuentros fuera de la red. El agresor suele seguir un proceso que incluye el aislamiento de la víctima, la evaluación del riesgo para evitar ser descubierto y la introducción de peticiones sexuales, que en muchos casos se producen de forma cada vez más rápida e inmediata, tal y como recoge el informe ‘Redes que atrapan’.  

Dentro del aumento y forma de la violencia sexual digital contra la infancia, el online grooming se ha consolidado como una de las tipologías más preocupantes. En 2024 se registraron 34 denuncias en Euskadi, experimentando un aumento leve respecto a años anteriores. En esta tipología delictiva la brecha de género se intensifica, donde nueve de cada diez víctimas eran niñas y adolescentes. La edad vuelve a mostrar un patrón de especial vulnerabilidad, ya que casi el 65% de las victimas tenía menos de 14 años cuando ocurrieron los hechos y cuatro de cada diez se encontraban entre los 14 y los 17 años. Desde 2022, según el Ministerio del Interior, la CAV ha acumulado 96 denuncias por grooming, una tendencia que continúa en ascenso.  

“En Euskadi no existen aún programas de educación afectivo-sexual integrados en el currículo educativo, a pesar de ser una de las herramientas preventivas más eficaces de las que disponemos. Resulta imprescindible incorporarlos y garantizar que tanto el profesorado como las personas coordinadoras de bienestar, en el ámbito académico formal y no formal, al igual que los niños y as niñas, reciban formación específica en este ámbito y, en el uso seguro y responsable de internet. La prevención y el conocimiento siguen siendo nuestros mejores aliados frente a fenómenos complejos e invisibles que se desarrollan tras la pantalla”, dice Arranz.  

Una justicia a la altura de la infancia  

Save the Children recuerda que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI) establece la necesidad de una justicia especializada para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas. Sin embargo, el análisis de los casos recogidos en el informe evidencia que persisten importantes carencias en el proceso judicial que dificultan una respuesta adaptada a las necesidades de la infancia.  

Para ello es necesario:  

  • Ampliar el número de secciones especializadas en violencia contra la infancia, garantizando un número suficiente en todo el territorio. Actualmente la normativa prevé la creación de solo tres secciones especializadas en todo el Estado, una cifra claramente insuficiente para atender a todas las niñas, niños y adolescentes víctimas.  
  • Formación obligatoria para todos los operadores jurídicos, incluyendo de forma específica las violencias en el entorno digital.  
  • Uso sistemático de la prueba preconstituida, evitando que niños y niñas tengan que repetir su testimonio. La obligatoriedad para la grabación del testimonio debe extenderse a los menores de edad mayores de catorce años, de modo que se asegure una protección efectiva frente a la revictimización en todas las edades.

Además, Save the Children también considera preciso:

  • Desarrollar y formar a las figuras de Coordinadores/as y Delegados/as de Bienestar, al igual que educar en el uso seguro y responsable de internet y las tecnologías digitales, tal y como recoge la Ley 02/2024 de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (LIA).  
  • Incluir la educación afectivo-sexual dentro del currículo educativo.  

Barnahus  

Save the Children apuesta por extender el modelo Barnahus (“casa de los niños” en islandés) a todos los territorios y también a los casos de violencia sexual digital. Este modelo, que ya se está impulsando en Euskadi, ofrece una respuesta integral, especializada e interinstitucional centrada en los derechos de la infancia y en la garantía de su interés superior, reduciendo de forma significativa la victimización secundaria. El primer recurso vasco no atenderá inicialmente casos que afecten exclusivamente al ámbito digital, aunque sería relevante incorporarlos en fases posteriores, una vez el servicio esté consolidado.