• Save the Children presenta un nuevo análisis en el que revisa 345 sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia en España
• El informe revela que la edad media a la que empiezan los abusos es de 12 años, y que en el 87,8% de los casos había una única víctima
• Casi la mitad de los procesos judiciales se prologan más de 3 años y en un 12,1% duran más de 5 años
• Save the Children reclama ampliar la justicia especializada en violencia contra la infancia en todo el territorio: la creación únicamente de tres secciones en el Estado resulta insuficiente para garantizar una respuesta adecuada a todas las formas de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes
Informe: "Por una justicia a la altura de la infancia (2025)”
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5 de septiembre de 2025. En España, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuales siguen enfrentándose a procesos judiciales largos que los exponen nuevamente al dolor de los hechos sufridos. Así lo refleja el nuevo informe de Save the Children ‘Por una justicia a la altura de la infancia’ basado en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024 y que actualiza los estudios publicados en 2021 y 2023.
Según el análisis, en el 82,9% de los casos las víctimas son niñas o adolescentes, lo que confirma una tendencia estable y creciente (en el año 2023 fue del 80,3%). La edad media de inicio de los abusos se sitúa en los 12 años. Además, en un 5% de los casos las víctimas presentan algún tipo de discapacidad.
Save the Children advierte que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y, al mismo tiempo, una de las más ocultas. Prueba de ella son los últimos datos del Ministerio del Interior. En 2023 se presentaron 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse.
“Estamos ante una violencia silenciada: casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos. La justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual”, afirma Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial.
En cuanto a los agresores, el 98% son hombres. En 8 de cada 10 casos es una persona conocida por la víctima, manteniéndose así la tendencia del anterior informe, principalmente procedentes del entorno familiar en un 41,8% de los casos. Otro 38,7% corresponde a personas conocidas no familiares, como amigos de la familia o profesionales que trabajan con la infancia. En el 19,5% restante, el agresor es desconocido, cifra que ha aumentado en dos puntos en comparación con el informe previo.
Respecto a los antecedentes de los agresores, en 6 de cada 10 casos no tenían antecedentes penales. Entre quienes sí los tenían, apenas un 16% estaba vinculado a delitos sexuales, lo que confirma que, en la mayoría de los casos, los agresores son difíciles de identificar por sus antecedentes.
Procesos judiciales demasiados largos y que producen revictimización
El estudio pone de manifiesto que el 40,9% de los casos se prolonga más de tres años, y en un 12,1% supera los cinco años. Las víctimas, además, deben revivir los hechos una y otra vez: más de la mitad de las víctimas tuvo que declarar más de una vez.
"Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas. La implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones.", señala Perazzo
Aunque la aplicación de la prueba preconstituida, es decir la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio, se menciona en un 34,5% de los casos, esta cifra sigue siendo insuficiente y, nos preocupa que refleje un uso minoritario de esta prueba.
“El testimonio de los niños y niñas víctimas es la principal prueba en la mayoría de los casos. Por eso es preocupante que todavía no se generalice la prueba preconstituida, que además es obligatoria para menores de 14 años, y que muchas víctimas tengan que revivir el trauma una y otra vez a lo largo del proceso, incluso durante el juicio oral”, añade Perazzo.
Una justicia a la altura de la infancia
En 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la LOPIVI. Sin embargo, sólo se contempla la creación de tres (Barcelona, Madrid y Málaga) secciones especializadas para todo el Estado. Aunque se trate de un avance, Save the Children advierte que esta medida deja fuera a la mayoría de niños y niñas víctimas de violencia, ya que dejará la mayoría de los casos en manos de secciones de instrucción sin formación específica en infancia.
Asimismo, es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra lo mejor y menores), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas. Si bien la implantación de estas secciones debe ser progresiva, cumplir con los compromisos de la LOPIVI exige un despliegue más ambicioso desde el inicio. Además, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ya 4 años, no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares. Por otro lado, en ninguna de las sentencias analizadas los jueces y juezas hicieron referencia al interés superior del niño.
La organización recuerda que se deben de cumplir los compromisos de la LOPIVI y garantizar una justicia especializada para la infancia en todo el territorio. Entre ellas se encuentran:
- Ampliar de manera urgente el número de secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia.
- Crear fiscalías especializadas en violencia y equipos técnicos multidisciplinares.
- Garantizar la práctica sistemática de la prueba preconstituida, extendiendo la obligatoriedad para la grabación del testimonio a los menores de edad mayores de catorce años, protegiendo a todas las edades frente a la revictimización.
- Incorporar de manera efectiva la evaluación del Interés Superior del niño en todas las sentencias.
- Resolver cuestiones competenciales para que los casos de violencia sexual contra las niñas se tramiten en las secciones de infancia y adolescencia, evitando así desigualdades y garantizando una atención adecuada a sus necesidades.
- Extender el modelo Barnahus a todas las comunidades autónomas.
Barnahus: un modelo que funciona
La organización insiste en la necesidad de implantar en todo el país el modelo Barnahus (casa de los niños), donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados. Se trata de un modelo de atención integral a los niños y niñas víctimas de violencia sexual, ya que todas las instituciones implicadas en un caso de abuso sexual infantil trabajan de forma coordinada bajo un mismo techo, con el fin de evitar la victimización secundaria. Solo en 2024, las Barnahus de Cataluña atendieron cerca de 3.000 casos de violencia sexual infantil. Los resultados del proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la
experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en 113 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura.
En España trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus
derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.