El informe analiza 88 sentencias desde 2019 hasta 2024 y el 92,6% de las víctimas son niñas, la mayoría menores de 15 años
Save the Children reclama ampliar la justicia especializada en violencia contra la infancia en todo el territorio: la creación únicamente de tres secciones en el Estado resulta insuficiente para garantizar una respuesta adecuada a todas las formas de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes
Recursos para medios: https://prensasavethechildren.smugmug.com/Nacional/Violencia/Informe-Por-una-justicia-a-la-altura-de-la-infancia/2025/n-sNcLbH/Declaraciones-Catalina-Perazzo
Bilbao, 25 de septiembre de 2025. Los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales en Euskadi siguen enfrentándose a procesos judiciales demasiados largos que exponen nuevamente al dolor de los hechos sufridos. Así lo refleja el nuevo informe de Save the Children ‘Por una justicia a la altura de la infancia’.
El estudio revela que en Euskadi la gran mayoría de las víctimas son niñas: un 92,6% de los 108 menores analizados eran niñas. La infancia más joven es la más afectada, puesto que el 88% de las víctimas tenía menos de 15 años cuando se produjeron los abusos. Todas las sentencias en materia de abuso sexual contra menores registradas desde 2019, tenían como acusado a un hombre. En 2019, por ejemplo, los acusados fueron sobre todo monitores y educadores o familiares directos, mientras que en 2023 predominaban las parejas de las madres de las víctimas. En los casos más recientes, la mayoría de los acusados eran desconocidos para los menores.
La duración de los procesos judiciales es uno de los factores más preocupantes en Euskadi. Únicamente un 19,5% de los procedimientos se resolvió en menos de dos años, mientras que un 61% tardó más de ese plazo en llegar a sentencia. Esta dilación, además de prolongar la incertidumbre, obliga a los niños y niñas a revivir los hechos en repetidas ocasiones durante la instrucción y el juicio, lo que provoca un grave impacto psicológico. La prueba preconstituida (la grabación del testimonio del menor para que no tenga que repetirlo en el juicio) apenas se aplicó en algunos procedimientos, pese a que es obligatoria para los menores de 14 años. Cuando se utilizó, como en tres de los cuatro casos analizados en 2024, todas las sentencias fueron condenatorias, lo que muestra su eficacia tanto en la protección de las víctimas como en la solidez de los procesos.
En cuanto a los resultados judiciales, entre 2019 y 2024 se dictaron en Euskadi 75 condenas frente a 13 absoluciones, lo que supone un 85% de condenas. Muchas de las absoluciones estuvieron motivadas por la falta de pruebas, especialmente en aquellos casos donde no se admitió la prueba preconstituida. Estos datos evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de la infancia en el proceso judicial para evitar que los casos se archiven por insuficiencia probatoria, a pesar de la existencia de indicios sólidos de violencia sexual.
La situación en Euskadi refleja lo que ocurre en el conjunto del Estado. En España, el informe revela que el 40,9% de los procesos por abusos sexuales a menores se alarga más de tres años y que en un 12,1% supera incluso los cinco. La edad media de inicio de los abusos es de 12 años y en el 82,9% de los casos las víctimas son niñas o adolescentes. El 98% de los agresores son hombres y en 8 de cada 10 casos pertenecen al entorno de confianza de la víctima, en muchos casos familiares directos o personas conocidas.
Ante este panorama, Save the Children reclama medidas urgentes para situar el interés superior de los niños y niñas en el centro del sistema judicial. La organización subraya la necesidad de que Euskadi ponga en marcha de manera efectiva el modelo Barnahus (casa de los niños), recogido en la Ley Vasca 02/2024 de Infancia y Adolescencia. Este modelo, ya implantado en Cataluña, permite que las víctimas sean atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados, reduciendo la revictimización y agilizando los procesos. Los resultados del proyecto piloto en Tarragona han demostrado que con Barnahus la duración de los procedimientos se reduce de casi tres años a poco más de uno, aumenta la tasa de condenas y mejora significativamente la experiencia de las víctimas.
“Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas. La implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones”, afirma Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.
La organización recuerda que la violencia sexual contra la infancia es una de las formas más graves de violencia y que, sin una justicia adaptada a las necesidades de los menores, la protección resulta insuficiente. Euskadi tiene ahora la oportunidad de liderar el cambio en favor de una justicia que proteja, acompañe y repare a los niños y niñas víctimas de violencia sexual.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidas. Actualmente la organización opera en más de 113 países y en Euskadi está presente desde hace casi 20 años, realizando una intensa actividad de incidencia política y social, y proporcionando apoyo educativo y actividades de ocio y tiempo libre a más de 500 niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social en Bilbao, Barakaldo y Vitoria-Gasteiz.
En el Estado trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades .