Madrid, 25 de junio, de 2026. Save the Children y la Cátedra de los Derechos del Niño de Comillas han reunido en Madrid a expertos y a los magistrados de las secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia para evaluar su implantación, un año después de que el gobierno estableciera en junio de 2025 tres secciones judiciales con esta especialización en Madrid, Barcelona y Málaga.
La principal conclusión es que el número de secciones establecido es insuficiente, como ya advirtió Save the Children hace un año. La carga de trabajo de los magistrados es excesivamente elevada, lo que hace que su correcto funcionamiento, y, por tanto, la protección efectiva de la infancia víctima de violencia, exija un compromiso extra de los magistrados y sus equipos.
“La justicia necesita ser dotada de más recursos y mejores medios, es una cuenta pendiente desde hace mucho tiempo”, afirma Catalina Perazzo, directora de influencia en Save the Children. “Escuchar a los propios magistrados nos refuerza en que la creación de solo tres secciones en todo el país es una respuesta muy por debajo de lo que exige la realidad y lo que prometía la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).” Desde la Cátedra de los Derechos del Niño de Comillas, señalan que “la insuficiencia de recursos va en detrimento de la garantía de derechos y de la tutela judicial efectiva de los niños y las niñas.”
Aunque existe la posibilidad de atribuir el conocimiento de los asuntos de violencia contra la infancia a las secciones de instrucción en aquellos lugares donde no existen secciones de infancia creadas, esta posibilidad no es acorde con el principio de especialización.
Además de en la insuficiencia de secciones especializadas, los expertos también coinciden en que es necesaria una mayor especialización y formación de los equipos que trabajan y colaboran con las secciones. La nueva organización de los órganos judiciales flexibiliza el uso de los recursos disponibles, al no adscribir funcionarios y medios a juzgados determinados y ponerlos en común. Sin embargo, esta nueva organización tampoco se adapta bien a la idea de especialización, ya que las secciones de violencia contra la infancia comparten recursos y personal no especializados con otras.
Por último, los expertos y magistrados creen que la legislación por la que se han creado las secciones especializadas todavía admite mejoras técnicas, y coinciden en la importancia de crear órganos especializados en violencia contra la infancia que asuman las funciones de guardia, de modo que estas funciones no se acumulen al despacho ordinario de los asuntos con la consiguiente sobrecarga. Asimismo, la especialización debe llegar también a la fiscalía, de modo que su estructura interna se adapte a la de los órganos judiciales y se eviten vacíos competenciales. También consideran esencial garantizar el acceso online inmediato a los expedientes de víctimas que puedan tener asuntos pendientes relacionados en otros órganos judiciales o en otras secciones de la fiscalía, para que todos los órganos implicados puedan contar con todos los elementos necesarios para tomar decisiones relativas, por ejemplo, a la custodia compartida, derechos de visita u órdenes de protección.
En los próximos meses, tal y como recoge la disposición adicional del Real Decreto que establecía las secciones especializadas, se espera que el Ministerio de Justicia realice una revisión de las cargas de trabajo de las secciones para valorar la creación de nuevas secciones, a la luz de datos que se están recabando. Esta revisión deberá atender también a la petición de los Tribunales Superiores de Justicia, como los de Andalucía y Castilla y León, que en sus memorias anuales han demandado la instauración de secciones especializadas en violencia contra la infancia en sus territorios.
El éxito del modelo Barnahús
El modelo Barnahus, que en islandés significa “Casa de los niños y las niñas”, propone un enfoque integral y multidisciplinar para atender a las personas menores de edad que han sufrido abusos, reuniendo bajo un mismo techo a todos los agentes implicados en el proceso y evitando que la víctima tenga que revivir los hechos repetidas veces ante diferentes interlocutores.
En España ya se han implantado 18 casas Barnahus en diferentes territorios y con una arquitectura institucional muy diferente. Sin embargo, los expertos reunidos por Comillas y Save the Children creen que su impacto en el proceso judicial es evidente y muy positivo. Por un lado, este modelo logra reducir el tiempo de los procedimientos. Además, reduce el sobreseimiento y ha contribuido a que la tasa de condenas por delitos sexuales aumente. También contribuyen a que la violencia no se silencie, ya que se han triplicado los casos que se han notificado.
El consenso sobre los beneficios de este modelo es amplio, y los expertos coinciden en que, a pesar de los retos que implica, trabajar de manera conjunta en la implantación de este modelo mejora la coordinación y la atención final a las víctimas.