+ La organización insiste en la necesidad de rendición de cuentas de todas las instituciones, incluida la Iglesia católica, en las que ha habido abusos sexuales hacia niños y niñas, de la puesta en marcha de medidas para evitar futuros casos y del cuidado de todas las víctimas.
Madrid, 27 de enero de 2022.
“Los casos públicos de abusos sexual a menores son solo la punta del iceberg. Estimamos que entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Este no es solo un problema del pasado, como lo que estamos viendo con los casos de la Iglesia, sino también de ahora, que se sigue produciendo y se oculta ante la falta de juzgados especializados que ayude a las víctimas”, señala Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.
Hace unos meses Save the Children advirtió de la situación que viven miles de niños y niñas que sufren abusos sexuales con su análisis “Los abusos sexuales hacia la infancia en España”. Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al 2020, la mitad de las denuncias recibidas por abusos y agresiones sexuales tiene como víctima a un menor, con un total de 5.685 denuncias presentadas. En este estudio, la organización también indicaba que casi la mitad (49,5 %) de los abusos sexuales a menores se producen en el entorno familiar.
Save the Children ha lanzado una petición de firmas para que se creen juzgados especializados para que solo lleven delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, lo que protegería a estos niños víctimas de abusos. Esto implicaría una carga menor de asuntos y casos. La misma ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada hace menos de un año, recoge también esta petición e indica que se desarrolle un proyecto de ley antes de junio de 2022 para la creación de esos juzgados.
La organización solicita medios materiales y profesionales para grabar la declaración del niño o de la niña, respetando las garantías y derechos de la parte acusada y reduciendo el número de declaraciones de la víctima, profesionales especializados en violencia contra la infancia en cada momento del proceso y frenar la victimización durante el proceso judicial, respetando los derechos de las víctimas para que no sufran más daño.
EL PERIPLO JUDICIAL DE LOS MENORES QUE DENUNCIAN
Cuando a día de hoy se detecta un caso de abuso sexual, se inicia un proceso judicial doloroso para la víctima: los niños y las niñas han de pasar por múltiples entrevistas, teniendo que narrar su experiencia traumática ante diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones. En la mayoría de los casos, el proceso empieza en dependencias policiales o de la Guardia Civil, y continúa con pruebas periciales y una exploración por la Fiscalía o en plenario. Save the Children asegura que los niños y niñas declaran de media cuatro veces.
Además, según el análisis de la organización, en casi de 8 de cada 10 casos no se grabó el testimonio del niño o la niña -la llamada prueba preconstituida- para evitar así que tengan que acudir en persona al juicio y revivir el trauma.
“El sistema todavía adolece de graves carencias: la mayoría de profesionales del ámbito jurídico todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra los niños y las niñas, y queda mucho por avanzar en la creación de espacios amigables para que la infancia víctima de violencia pueda prestar su testimonio de forma respetuosa”, explica Perazzo.
LA IGLESIA CATÓLICA DEBE RENDIR CUENTAS
Save the Children señala que es necesario realizar las investigaciones correspondientes sobre los abusos sexuales a menores que ha cometido la Iglesia para que estos delitos no queden impunes, las víctimas reciban reparación por el daño y se instalen protocolos y medidas para evitar futuros casos.
La nueva ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia “debe aplicarse”, dice Perazzo. En especial, el artículo 8, que promueve la colaboración público-privada con el fin de facilitar la prevención, detección precoz e intervención en las situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia. “En cualquier ámbito en el que estén niños y niñas los adultos tienen que estar protegidos, y la iglesia es uno de ellos, por lo que también deben estar bajo las medidas de la ley de protección a la infancia”, indica Perazzo.