Save the Children valora positivamente que el Gobierno refuerce la responsabilidad de las plataformas digitales

  • La organización celebra que la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales incorpore medidas para responsabilizar a las plataformas y regular el uso de algoritmos, pero advierte de que prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años no garantiza una mayor protección.  

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Madrid, 2 de julio de 2026. Save the Children considera que las nuevas medidas incorporadas por el Gobierno a el proyecto de Ley de Protección de personas menores de edad en Entornos Digitales suponen un avance para reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales y proteger mejor a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos en Internet. Entre ellas se incluyen medidas que tipifican el uso de algoritmos configurados para amplificar contenidos delictivos y el refuerzo de la responsabilidad penal de las plataformas digitales y de sus directivos en aquellos supuestos en los que sus sistemas contribuyan a generar o amplificar estos daños.

Para la entidad, estas medidas representan un cambio de enfoque necesario, ya que reconocen que el daño que sufren niños, niñas y adolescentes en internet no depende únicamente de los contenidos que publican los usuarios, sino también de las decisiones de diseño de las plataformas y de los algoritmos que recomiendan, priorizan y amplifican contenidos perjudiciales. La organización considera que exigir responsabilidades a las plataformas por el funcionamiento de estos sistemas supone un paso importante para avanzar hacia entornos digitales más seguros para la infancia y la adolescencia. 

LA SEGURIDAD DE LA INFANCIA NO PASA POR EXCLUIRLA DEL ENTORNO DIGITAL

Sin embargo, la organización mantiene su preocupación por la incorporación de una prohibición general del acceso a las redes sociales para las personas menores de 16 años, al considerar que no garantiza una mayor seguridad para la infancia y la adolescencia. “El objetivo de la futura ley debe ser conseguir que los entornos digitales sean seguros para los niños, niñas y adolescentes, no excluirles de ellos de forma general. No todos los espacios digitales presentan los mismos riesgos y la infancia también tiene derecho a informarse, expresarse y participar en entornos digitales seguros”, afirma Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.  

La entidad reconoce, no obstante, que la propuesta del Gobierno incorpora un procedimiento que permitirá a determinadas plataformas quedar excluidas de esta prohibición si acreditan que cumplen estándares suficientes de protección para la infancia. Save the Children considera que este mecanismo introduce un enfoque más flexible y coherente con una regulación basada en el nivel de riesgo de cada servicio, en lugar de establecer una prohibición uniforme para todas las plataformas.  

Asimismo, valora que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de resolver estas exclusiones y de publicar el listado de plataformas afectadas, al aportar mayores garantías de transparencia y supervisión pública. En este sentido, Save the Children insiste en que este procedimiento debe incorporar el interés superior del niño como criterio rector, concretar los criterios de evaluación de las plataformas y garantizar que las decisiones sean adoptadas por personal con formación específica en derechos de la infancia y la adolescencia. La organización propone además que la CNMC publique un listado actualizado de los servicios considerados redes sociales a efectos de esta ley para aportar mayor transparencia y evitar incertidumbres sobre las plataformas a las que será de aplicación esta medida.

SEGURIDAD DESDE EL DISEÑO PARA PROTEGER A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Para Save the Children, la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital pasa por exigir que las plataformas garanticen la seguridad desde el diseño y por defecto, incorporando los derechos de la infancia desde la concepción de sus productos. Esto implica limitar los mecanismos y algoritmos que favorecen la difusión de contenidos perjudiciales o generan dinámicas adictivas, implantar sistemas eficaces y respetuosos con la privacidad para verificar la edad de los usuarios y garantizar, por defecto, experiencias digitales adecuadas para la infancia.

"Celebramos que la futura ley avance en la responsabilidad de las plataformas y en la regulación de los algoritmos, porque es ahí donde debe ponerse el foco. La mejor forma de proteger a la infancia no es impedir su acceso a Internet, sino garantizar que los espacios digitales sean seguros desde su diseño y respeten sus derechos", concluye Perazzo.

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